Ya recibió la media sanción el proyecto de ley que busca modificar cómo funciona el subsidio de Zona Fría, la cual reduce en un 50% los valores de la tarifa de gas en aquellas zonas perjudicadas por lo climático. Desde diversos sectores locales se expresaron en contra de esta reducción de subsidios, por el impacto en el bolsillo de las y los bahienses, mientras que desde sectores más ligados al oficialismo nacional marcan que la ley de Zona Fría es ineficiente, al aplicarse a todas las personas por igual independientemente de sus ingresos.
María Ibáñez Martín, doctora en Economía, aseguró que «no utilizaría el término de eliminación de subsidios, sino un retroceso a la situación anterior al 2021, donde fue ampliado el territorio entendido como zona fría. En estos sectores donde se retira el beneficio general, continuará con un régimen focalizado en aquellos hogares más vulnerables, cuyos ingresos no superen las tres canastas básicas.
«Es muy preocupante que hoy vemos cómo muchas familias pasan a usar otros combustibles como leña, carbón o querosén, implicando riesgos en salud y seguridad» María Ibáñez Martín.
En cuanto a números puntuales, la investigadora detalló que «en Bahía Blanca hay unas 120.000 hogares que acceden a la red de gas natural, de las cuales unos 70.000 quedarían excluidos del beneficio por superar el umbral de tres canastas básicas. Aún así, cabe aclarar que hay una menor llegada al gas natural en los barrios con una mayor población vulnerable, y si bien la ley de Zona Fría incluía gas envasado, hace un par de semanas se desreguló el precio«.
Por último, la economista planteó que «debe quedar claro que aún aquellas familias que sostengan el beneficio verán aumentadas sus facturas, porque se modifica el concepto sobre el cual se calcula el subsidio. Antes era una reducción del 50% en el valor final de la tarifa, pero ahora es aplicable únicamente al valor del gas, dejando de subsidiar otras cuestiones como impuestos, transporte y distribución».