El presidente Mauricio Macri firmó este jueves el resistido traspaso de la Justicia a la órbita de la Ciudad de Buenos Aires, un proyecto resistido por los gremios judiciales, que lo calificaron de «inconstitucional e inconsulto». La firma del traspaso tuvo lugar en la Casa de Gobierno y participaron el el jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, con la presencia del ministro de Justicia de la Nación, Germán Garavano, y su par de la ciudad, Martín Ocampo.
«Se necesita una justicia más eficiente, cercana y dinamica que dé respuestas», señaló Macri, al oficializar la firma. Los vecinos «van a poder dirimir sus conflictos de la vida diaria a través de un Poder Judicial propio», dijo y expresó su confianza en que tanto la Legislatura porteña como el Congreso Nacional ratifiquen el convenio.
Macri afirmó que el traspaso permitirá mejorar la «seguridad» para dar «respuestas a las víctimas» haciendo que la tarea de poder del Estado sea «más eficiente, más cercana y más dinámica». «La Justicia también tiene que tener herramientas de evaluación para tener resultados y que las cosas no se dilaten», concluyó.
La Unión de Empleados de la Justicia de la Nación (UEJN) liderada por Julio Piumato, decidió ayer declararse en «alerta y movilización» en rechazo a la decisión.
Un comunicado gremial firmado por Piumato -también titular de Derechos Humanos de la CGT- y la secretaria de Prensa, Laura Iparraguirre, aseguró que el traspaso implica «un desgüace inconsulto e inconstitucional de la justicia nacional».
«Ello se agrava por el estado de la justicia de Buenos Aires que, lejos de focalizar sus esfuerzos en ese servicio, responde a un reparto comiteril que no prioriza la independencia sino los intereses y relaciones entre las fuerzas partidarias del distrito, y no contempla la carrera administrativa en función del esfuerzo y formación sino de los contubernios políticos», puntualizaron.
Los dirigentes explicaron que la prioridad debe ser «el mejoramiento de la justicia y no su desgüace y, esa tarea, no está garantizada por el traspaso sino todo lo contrario, por lo que el gremio ratifica el estado de alerta y movilización en repudio a la inoportuna firma, en el mes de feria, de ese convenio».
Piumato e Iparraguirre concluyeron que en ausencia de «la participación de los trabajadores y solo movidos por necesidades políticas, no se construirá una mejor justicia» en el país.
Para el gremio, al igual que ocurrió el 30 de noviembre último, «se insiste otra vez con el traspaso de organismos judiciales y de registro a la ciudad, no obstante el rechazo de magistrados, empleados judiciales, abogados y todas las centrales obreras».
Los dirigentes expresaron que ante esa posibilidad el sindicato «está preparado para enfrentar esa política, ya que los salarios de los magistrados porteños son más bajos, el régimen jubilatorio no está garantizado por ley, se perjudicará el acceso a los beneficios de la obra social y, desde la modificación de ganancias, los trabajadores podrían quedar expuestos a su pago».
Fuente: infonews.com