En contra de las expectativas oficiales, la detención de la líder de la organización Tupac Amaru Milagro Sala se metió de lleno en la agenda pública de la jornada de trabajo que convocó el presidente Mauricio Macri con todos sus ministros. Poco antes de dejar la residencia vacacional que tiene la Presidencia en Chapadmalal, el jefe del Estado repitió una frase que había insinuado hace una semana en una entrevista periodística: «Hacia adentro, en la Argentina, a la mayoría de los argentinos nos ha parecido que había una cantidad de delitos importantes cometidos por parte de Milagro Sala que ameritaban que esas causas que tiene estén abiertas, pero es importante que esa información sea compartida en todo el mundo», dijo el mandatario para explicar que la mujer está detenida debido a una creencia mayoritaria para que siga tras las rejas. De ese modo el presidente buscó minimizar el pedido de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), que reclamó una respuesta oficial urgente a la resolución del Grupo de Trabajo sobre Detenciones Forzadas de la ONU para que Sala sea liberada «en forma inmediata». Dos días antes, en esta misma localidad balnearia, el jefe de Gabinete Marcos Peña le había bajado el precio a la carta firmada por el titular de la Organización de Estados Americanos, Luis Almagro, en el mismo sentido. El jueves por la noche, durante la primera conferencia de prensa del «retiro espiritual», el ministro coordinador consideró que «se trata de una carta personal de Almagro a Sala, no fue un planteo formal de la OEA al gobierno argentino». Dos días después la CIDH, principal organismo de la OEA, formalizó el reclamo pero Macri aludió a presuntas mayorías. A su lado, Peña guardó silencio y no hubo lugar para repreguntas.
Respuesta a la CIDH
Horas después de las preocupantes expresiones presidenciales, el gobierno generó un nuevo hecho que refuerza la idea de que seguirá sosteniendo la prisión política de Milagro Sala. Difundió oficialmente una respuesta del Ejecutivo a la CIDH, basada en el detalle de los presuntos motivos por los que Milagro Sala está detenida. El extenso informe se basó en datos proporcionados por el Ministerio Público de la Acusación de Jujuy, según el cual la líder de la Tupac Amaru está acusada de ser jefa de una asociación ilícita, de ser responsable de extorsión y fraude a la administración pública por la extracción de $ 29 millones de una sucursal del Banco Nación, además de encubrimiento y lesiones graves.
La respuesta oficial ante la CIDH describe que la detención de Sala cumple «con todos los requisitos previstos por los estándares internacionales respecto del encarcelamiento preventivo» y resalta que «las observaciones respecto al tiempo de detención de la Sra. Sala sin que se hubiera dictado su prisión preventiva no determinan, como pretenden señalar los peticionantes -ante el Grupo de Trabajo sobre Detención Arbitraria-, una situación de vulneración de derechos, en sí misma».
Sala, según la justicia jujeña, «se desarrolló como jefa de un sistema de asociación ilícita para apoderarse de modo ilegítimo de los fondos públicos que el Estado entregaba para la construcción y el mejoramiento de viviendas», se consigna en el informe.
La rápida reacción se produjo luego del duro revés sufrido el viernes con el pronunciamiento de la CIDH que «urgió» a Macri a liberar a la líder de la Tupac Amaru.
La CIDH tomó como base de su pedido el informe del Grupo de Trabajo de la ONU que, el 21 de octubre pasado, concluyó que «la detención preventiva de Milagro Sala desde el 16 de enero fue arbitraria y violatoria de los estándares del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, del cual Argentina es parte».
En ese informe, los miembros de la ONU concluyeron -tras analizar las causas judiciales que pesan sobre Sala- que «no existen elementos legales para justificar la prisión preventiva» y que «no se demostró que existan riesgo de fuga o de entorpecimiento de la investigación que justifiquen su privación de libertad». También recordaron que «contaba con fueros que impedían su detención por su condición de parlamentaria del Mercosur».
La CIDH, que sesionó el viernes en Panamá, se pronunció a raíz del reclamo que había hecho a comienzos de año el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS). «La Comisión y su Relatoría Especial han reiterado que la protesta es un ejercicio legítimo de la libertad de expresión que debe ser facilitado y no sujeto a criminalización u otras formas de represión», sostuvo.
En el documento, la Comisión recordó también el reclamo del secretario general de la OEA, Luis Almagro, quien el 28 de noviembre le envió a Sala una carta en la que pidió su «inmediata liberación». Y tras enumerar los múltiples pedidos de distintos organismos internacionales, hizo un llamado «al Estado argentino, en particular a la provincia de Jujuy, a tomar acciones urgentes para responder las recomendaciones emitidas por el Grupo de Trabajo».
El pedido se sumó así a la extensa lista de reclamos de organismos internacionales ignorados por la administración de Mauricio Macri: al Grupo de Trabajo de Naciones Unidas, que dictó el pedido de liberación inmediata, le sucedieron otros pronunciamientos que redoblaron la presión internacional contra el Estado argentino: Hubo planteos de la CEDAW (Convención para la eliminación de la discriminación contra las mujeres), del Comité sobre Discriminación Racial, del primer ministro de Canadá, Justin Trudeau, y de los jefes de la OEA y Human Rights Luis Almagro y José Miguel Vivanco, respectivamente, a quienes se sumaron Aministía Internacional y el propio Vaticano, a través de la adhesión del Papa Francisco al documento del encuentro mundial de los Movimientos Populares que pidió la libertad de la dirigente social.
Esta semana, los integrantes de la Comisión de Relaciones Internacionales del Comité por la Libertad de Milagro Sala fueron recibidos en la Delegación de la Unión Europea y por los representantes de las Embajadas de Italia, Francia, España, México y Canadá, quienes coincidieron en expresar la profunda preocupación de esos países por la arbitraria detención. Los consejeros políticos de primer nivel de las embajadas con sede en Buenos Aires solicitaron precisiones de la situación social de la provincia de Jujuy y el impacto de las detenciones de los integrantes de la Agrupación Tupac Amaru. «
Fuente: tiempoar.com.ar