En la Argentina se muere por ser mujer. Se sabe, aunque todavía hoy no exista información estadística oficial sobre crímenes de género en el país y pese a que la implementación de su registro está incluida en la ley de protección integral sancionada en 2009. Pero cuantificar el drama no es la única deuda: la escasa cantidad de casas refugio dependientes de los estados nacional y provinciales, la incapacidad de garantizar el cumplimiento efectivo de las medidas de protección hacia las potenciales víctimas, el ajuste económico a programas y planes de igualdad y la no implementación de la Ley 26.485 de Prevención, Sanción y Erradicación de la Violencia Contra las Mujeres, son algunos de los reclamos más urgentes, que no pueden demorarse más, frente a asesinatos tan habituales como atroces.
Según la ONG La Casa del Encuentro, que recopila los casos mencionados en diarios nacionales y provinciales desde 2008, cada 30 horas una mujer se convierte en víctima fatal de la violencia de género en la Argentina. Por su parte, la agrupación Mujeres de la Matria Latinoamericana (MuMaLá) registró desde el 1º de enero de este año 226 femicidios, femicidios vinculados y travesticidios a través de su análisis de medios digitales.
El #MiércolesNegro, miles de mujeres salieron a la calle a gritar un grito desesperado: basta de muertes. La gota que volvió a rebalsar el vaso fue el crimen de Lucía, la adolescente violada y asesinada en Mar del Plata.La conclusión, además de lo escandaloso de los números, es que nada cambió desde la histórica movilización del #NiUnaMenos del 3 de junio de 2015. Días después de aquella marcha, la procuradora Alejandra Gils Carbó, creó la Unidad Fiscal Especializada de Violencia contra las Mujeres (UFEM). La misma que generó el repudio de las organizaciones de mujeres al conocerse los detalles del proyecto de ley pergeñado por el Ministerio de Justicia –que esta semana obtuvo dictamen con apoyo del massismo– para modificar el funcionamiento de la Procuración General de la Nación. La iniciativa no contemplaba a la UFEM.
Precisamente fue ese organismo el que más hizo, metodológicamente, por paliar una de las grandes deudas en la lucha contra la violencia de género: la ausencia de un registro nacional de femicidios. La UFEM recopiló y analizó la información provista por el Consejo de la Magistratura, la Oficina de la Mujer de la Corte Suprema, la ONG La Casa del Encuentro y el Instituto de Estudios Jurídicos Sociales de la Mujer, para elaborar un registro de casos ocurridos sólo en la Ciudad de Buenos Aires, en 2014. Todos daban cifras distintas.
Al cumplirse un año de aquella marcha pionera, el presidente Mauricio Macri y la flamante directora del Consejo Nacional de las Mujeres y ex titular de La Casa del Encuentro, Fabiana Tuñez, presentaron un Plan Nacional para la Erradicación de la Violencia de Género para el período 2017-2019. Apenas un anuncio. La realidad se encargó de decepcionar las expectativas. «Seguimos igual o peor. El presupuesto sigue siendo ínfimo, y en tanto no haya políticas claras para desarrollar un plan a largo plazo que contemple la seguridad de las mujeres, el #NiUnaMenos siempre será una deuda pendiente», dice Raquel Vivanco, coordinadora de MuMaLá. Para este año, el presupuesto estipulado es del 0,0055% del presupuesto nacional, o lo que es lo mismo, 4,50 pesos por mujer. Desde MuMaLá buscan que se decrete la emergencia nacional por violencia de género para que la Ley 26.485 se aplique en su totalidad.
Sin refugios
En 2015, hubo 98 femicidios sólo en la provincia de Buenos Aires, el número más alto a nivel nacional. A fines de junio, la gobernadora María Eugenia Vidal presentó el Plan Integral de Género con una batería de medidas que, cuatro meses después, registran muy pocos avances.
El plan es llevado adelante por la Subsecretaría de Género y Diversidad Sexual, que está bajo la órbita de la Secretaría de Derechos Humanos, que conduce Santiago Cantón. Entre los principales puntos anunciados por Vidal están la construcción de nuevos refugios para mujeres y niños por $ 15 millones; la entrega de tobilleras electrónicas a acusados y a víctimas; la instalación de un nuevo call center para recibir denuncias; la implementación de un fondo para situaciones de emergencia; y capacitación para docentes, alumnos y policías.
La provincia cuenta con dos refugios propios que estaban inutilizables cuando Vidal asumió. Uno en Ensenada, que continúa abandonado. Desde la gobernación aseguraron a Tiempo que «se inició la licitación de una obra por 4 millones que comenzará en enero de 2017». El otro, en Moreno, tampoco está disponible: estaba usurpado y se inició el desalojo vía Fiscalía de Estado. Nada se sabe de los cinco nuevos refugios por año que propone el plan. En tanto, hay 30 refugios municipales que recibirán fondos para acondicionar sus instalaciones. La entrega viene demorada. Los recursos fueron girados a la Secretaría en septiembre y «ya se encuentran en trámite algunos subsidios», explicaron fuentes oficiales.
Las tobilleras electrónicas todavía no llegaron. El uso de este dispositivo tecnológico busca impedir que el agresor pueda acercarse a la vivienda de la víctima y así evitar que viole la restricción ordenada por la justicia. La medida más importante e innovadora del plan es, en rigor, un programa piloto instrumentado por el Ministerio de Justicia de la Nación que compra y distribuye las pulseras a las provincias.
El lanzamiento de un nuevo call center que unifique los dos números que existen hoy (el 0800-555-0137 y el 136) y enrute las llamadas provinciales a la línea nacional 144, está en proceso. Vidal prometió triplicar el número de operadoras por turno, ya que durante la gestión de Daniel Scioli sólo había 16 y el año pasado por esto no fueron atendidas unas 6000 llamadas. El personal fue seleccionado, incluidas coordinadoras y supervisoras, pero todavía no arrancan.
La capacitación es uno de los puntos en que más se avanzó. Se realizaron cursos de DD HH para policías y están previstas actividades en las comisarías de la Mujer. También hubo talleres en escuelas secundarias con foco en la no discriminación hacia la mujer y capacitaciones virtuales a directores y equipos de orientación escolar.
Al anunciar el plan, Vidal aclaró que se haría con una partida presupuestaria especial sin dar detalles del monto. desde la Secretaría de DD HH informaron que en lo que va del año «se ejecutó el 65% del presupuesto» asignado a la Subsecretaría de Género, que es de $ 41 millones. No detallaron cuánto se invirtió en el plan. «
Sin protección, hubo paridad
La única política de género que avanzó en estos días tiene poco que ver con evitar los femicidios. Horas antes de que comenzara la marcha del miércoles, el Senado aprobó el proyecto de ley de paridad de género en las listas electorales, presentado por la sanjuanina Marina Riofrío (PJ-FpV), con 57 votos a favor, y lo giró a Diputados.
Los únicos dos votos en contra fueron del oficialismo: los de Federico Pinedo, presidente provisional de la Cámara Alta, y el cordobés Ernesto Martínez. La iniciativa prevé que en las listas haya hombres y mujeres de forma intercalada, y que los partidos otorguen el 50% de sus lugares a mujeres, más del 30% que fija la ley de cupo femenino.
Vidal ahorra en asistencia a las víctimas
El gobierno bonaerense también cuenta con el Programa de Prevención y Atención de la Violencia Familiar y de Género, bajo la órbita del Ministerio de Salud, que incluye protocolos de detección y asistencia a mujeres que sufren maltrato o fueron víctimas de una violación. En la primera mitad del año, de los 2,3 millones de pesos que tenía asignados, solo se ejecutaron $ 49 mil, el 2,08%, según los números publicados por la Contaduría y denunciados por la senadora del Frente para la Victoria Mónica Macha. “Si algo hacía falta para terminar de demostrar el desinterés absoluto de la gobernadora por la lucha contra la violencia de género queda ahora más que claro con la casi nula utilización del presupuesto para el programa de Prevención y Atención de Violencia de Género”, señaló.
Fuente: tiempoar.com.ar