Según consignó Tiempo Argentino, a días de ocurrido el siniestro, la Procelac puso a trabajar en la causa al Área Operativa del Mercado de Capitales. Pero, considerando la posibilidad «de la comisión de uno o más ilícitos relacionados con la criminalidad económica», se dio intervención a otras divisiones de ese organismo, tales como las áreas de Delitos Tributarios y Contrabando, Delitos contra la Administración Pública, Fraude Económico y Bancario, Lavado de Activos y Concursos y Quiebras. Asimismo, se compartió la información sobre las compañías que archivaban con la Comisión Nacional de Valores (CNV) y el Banco Central (BCRA), para buscar conexiones con irregularidades.
Del legajo de investigación del depósito de la calle Azara al 1245 se desprende además que había archivos en otros tres galpones de Iron Mountain, ubicados en Lugano, La Boca y Parque Patricios. Esa precisión la aportó Edgardo Castro, Inspector de Seguridad Laboral del gobierno de la Ciudad, quien declaró en la causa como uno de los últimos en realizar un control en Barracas. Cabe destacar que Castro denunció además presiones del gobierno porteño en el marco de las investigaciones.
Cronológicamente y según el legajo, el 27 de febrero de 2014 se le requirió a Iron Mountain que diera información del listado completo de clientes con documentación almacenada en Barracas. Guillermo Rivarola, abogado y apoderado de Iron Mountain, dio esos datos en un CD.
En marzo de 2014, la Procelac volvió a pedir más informes a Iron Mountain, en este caso con respecto a cuáles habían sido las empresas que retiraron documentación entre los meses de diciembre de 2013 y enero y febrero de 2014, es decir, antes de que ocurriera el incendio. De los datos aportados de empresas que levantaron sospechas y fueron girados a la justicia aparecen los siguientes casos. En Sideco Americana, la empresa del Grupo Macri, cuyo titular es el padre del jefe de gobierno de la Ciudad, se sospecha que la firma habría depositado una caja con documentos rotulada «Perú: Coima Gral. Egesur Electr.» Esa caja estaba archivada bajo el código KN100010183DNE-0013. Según Procelac, esto podría dar cuenta de un delito de acción pública. El organismo que comanda Carlos Gonella describe además una serie de cajas que contienen rótulos que podrían ser de interés: la caja 311842187 «INF. DIAR. IECSA BCE BRASIL»; la 42192 «CÁRCELES IGLYS BLTO NEGRO»; la 552218760 «BRASIL CTAS.»; la número 60360 «PORY INMOBILIARIO CHINO ARG». Luego, en la caja KN 100010183 «PERÚ (COIMA GRAL. EGESUR ELECTR)»; la 9810 bajo el rótulo «URUGUAY PEDIDO DE FONDO 91 PTE»; y la 56447 «VARIOS PARATY-PANAMÁ-OMEXIL-UR».
Otro caso paradigmático es el del JP Morgan Chase Bank. Tiene 4000 cajas afectadas de un total de 4400. El 75% de las cajas perdidas estaban rotuladas con códigos alfanuméricos, lo cual no permitió inferir nada con respecto al contenido. Tres de las cajas, sin embargo, tenían la descripción «AFJP»; 25 están relacionadas con balances de esa entidad y sociedades externas; dos cajas tenían documentación sobre «Bonex». Y otras dos cajas contenían «Cablevisión Prospects» y «Cablevisión U$S 250.000.000», correspondientes al año 2001. Cinco cajas tenían el rótulo «Government Bonds». Once cajas con documentación Swift. Cuatro con el rótulo «Off Shore». Si bien Clarín como grupo no archivaba allí, también se quemaron cajas de Telered Imagen.
El Banco BNP Paribas, en tanto, perdió la mayoría de sus cajas, unas 251, vinculadas al sector Comercio Exterior, datos de entre 1998 y 2011. Otras cinco cajas que quedaron destruidas tenían que ver con transferencias internacionales de dinero, entre ellas transacciones con entidades relacionadas a este banco en Islas Caymán. Otras dos cajas quemadas estaban archivadas bajo el rótulo «Antiterrorismo», con información relativa al año 2005.
El caso del HSBC, tal como contó este diario, tenía que ver con cajas rotuladas «Lavado de Dinero» y «Lavado de Dinero Premier». Con esa carátula había por lo menos 20 cajas de las 25 mil que se incendiaron en Barracas. Además, HSBC tenía otras 30 cajas en los otros depósitos. En el caso de la empresa Deloitte, la firma negó tener un vínculo comercial con Iron Mountain, y remitió información sobre lo que allí archivaba. Tenían información de empresas, bancos y laboratorios. De un total de 3300, se quemaron más de 1400.
Hay otros casos, como Edenor, Swiss Medical y el Santander Río, en los cuales se desestimó el material siniestrado por no ser considerado de interés para la investigación.
El Banco Patagonia perdió el 50% de su documentación. Tenía 55.131 cajas en las tres sedes de Iron Mountain. Se vieron afectadas algunas rotuladas «Lavado de Dinero» vinculadas a «Network Efficiencies». También aparecen sospechadas cajas con el rótulo UBS Zurich Conciliaciones, conectada con «Vínculos con Deusteche Bank Dólares».
El laboratorio GlaxoSmithKline también perdió material: Iron Mountain dijo que se habían afectado 1073 de 3219 cajas. Pero luego, el laboratorio dio otra información diferente, asegurando que se perdieron 44 cajas. Allí había facturación de la empresa de los años 1999 y 2000.
Pelotón de empresas
Entre el pelotón de empresas que perdieron información en el incendio de febrero del año pasado, figuran dos firmas de peso del agro y los negocios. Una de ellas es la agrícola Monsanto, que en principio no reportó material que la complique en el marco de las pesquisas.
La otra es el Exxel Group, este último conglomerado con una caja rotulada «Off Shore Fails From 2/24/2008». Exxel figura además como investigada en las causas de presunto lavado y evasión más grandes de la Argentina. Entre ellas, las vinculadas al JP Morgan que cursan en los juzgados de Sergio Torres y Sebastián Casanello. Exxel fue el emblema de los negocios noventistas.
Fuente: Infonews