El presidente Mauricio Macri recibió en la Quinta de Olivos a la titular de Abuelas de Plaza de Mayo, Estela de Carlotto, y a otros representantes de organismos de Derechos Humanos que llevaron una serie de preocupaciones.
-Continuidad de las políticas de Estado de Memoria, Verdad y Justicia
Los organismos de Derechos Humanos plantearon la necesidad de continuar con los juicios por delitos de lesa humanidad.
Al respecto, durante la conferencia de prensa posterior al encuentro, el secretario de Derechos Humanos, Claudio Abruj, expresó: «Fue una reunión cordial, respetuosa e importante. Hubo un repaso de los temas que se planearon hace poco menos de un mes, que tienen que ver con la continuidad de las políticas de los juicios por la memoria, la verdad y justicia. El Presidente ha ratificado esa posición».
-Marcha del 24 de marzo
Otro de los ejes del encuentro, fue la preocupación de los organismos respecto a la visita del presidente de Estados Unidos, Barack Obama, y la seguridad que se implementará el 24 de marzo alrededor de la Casa de Gobierno que podría interferir con la histórica marcha.
En ese sentido, Carlotto expresó: «La visita del presidente de Estados Unidos complica un poco las cosas por las medidas de seguridad y nosotros estamos organizando lo mismo de siempre que es una marcha».
«Con la sinceridad de siempre se habló de temas de variado tenor y preocupación. Temas que hay que resolver. Hay distintos temas específicos. El Presidente escuchó serenamente, respondió con serenidad y respeto y garantizó algunas acciones como el tema del 24 que lo tenemos próximo», remarcó.
-Milagro Sala
Por otro lado, durante el encuentro, los organismos de Derechos Humanos plantearon la necesidad de que se revise la detención de la dirigente social jujeña, Milagro Sala.
En ese sentido, expresaron: «Exigimos que el Poder Ejecutivo garantice el derecho a la libertad y al debido proceso judicial de Milagro Sala. Ha sido notoria la presión e intervención del gobierno provincial jujeño sobre el Poder Judicial. Como familiares de ex presos políticos y de detenidos-desaparecidos, no podemos dejar de ver este hecho como un enorme retroceso en la historia democrática de nuestro país».
-Protocolo anti piquete
Ligado al punto anterior, también se manifestó la necesidad de rever el protocolo de seguridad formulado desde el Gobierno para los casos de cortes de ruta y calles.
«El gobierno nacional ha tomado decisiones que afectan gravemente el ejercicio del derecho a la protesta. La puesta en vigencia del ‘Protocolo de actuación de las fuerzas de seguridad del Estado en manifestaciones públicas’ pone en riesgo aspectos esenciales de la democracia y su aplicación afecta los derechos a la vida, a la integridad, de reunión, de petición a las autoridades y la libertad de expresión», sostuvieron.
Y agregaron: «Este protocolo pone en riesgo la integridad física y la vida de las personas que participan de manifestaciones públicas, ya que no prohíbe que las fuerzas de seguridad porten armas de fuego ni restringen el uso de las llamadas ‘armas no letales’ como las balas de goma».
-Derecho a la comunicación
En tanto, también se refirieron al derecho a la comunicación. «Una de las primeras medidas del gobierno nacional, en diciembre pasado, ha sido transformar por completo el rol del Estado en las políticas de comunicación. Las modificaciones, por decreto, de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual redujeron drásticamente el papel del Estado en la regulación del sistema de medios y habilitan que se consolide la concentración».
«También se realizaron reformas que reducen la participación de la sociedad civil en las instancias de toma de decisiones sobre las políticas públicas en este campo. Estas medidas afectan negativamente el pluralismo y el ejercicio del derecho a la comunicación en nuestro país. Al mismo tiempo, consideramos que el espacio en el que se deben discutir las políticas que afectan a la libertad de expresión es el Congreso nacional», señalaron.
-Violencia y represión
Otro de los ejes del encuentro fue el tema de la violencia de las fuerzas de seguridad. Al respecto, los organismos plantearon: «En noviembre pasado la Policía Metropolitana fue responsable de un hecho grave de violencia institucional en el que Lucas Cabello resultó herido de gravedad por tres disparos policiales».
«En enero de este año, efectivos de la Gendarmería nacional dispararon balas de goma contra la murga ‘Los Auténticos Reyes del Ritmo’, integrada por niños y niñas del Bajo Flores. En ambos episodios, la primera reacción de los funcionarios del gobierno fue justificar el accionar violento de las fuerzas de seguridad. Es imprescindible que estos hechos sean investigados de manera adecuada, sus responsables sancionados y que las autoridades políticas de las fuerzas de seguridad brinden mensajes políticos claros sobre que estas prácticas policiales violatorias de derechos humanos no serán toleradas», cerraron.
Fuente: Infonews