Ley de ART ingresa en zona de riesgo judicial y revive amparo

CÁMARA DEL TRABAJO LE IMPRIMIÓ VÉRTIGO A DEMANDA QUE BUSCA ANULARLA Y ABRIÓ LA PUERTA DE UNA CAUTELAR
En fuero que el Gobierno rotula como “hostil” ordenaron tramitar una demanda colectiva de abogados porteños. Decide misma jueza de la paritaria docente.

La reforma a la Ley de Riesgos de Trabajo -una de las normas fundamentales con las que el Gobierno pretende dar una señal a inversores- ingresó en una zona judicial turbulenta. La Cámara de Apelaciones del Trabajo ordenó revocar el rechazo a un amparo presentado por el Colegio Público de Abogados de la Capital Federal (CPACF), y darle trámite a la demanda, lo que encendió las alarmas oficiales. La decisión implica que puede revivir la presentación colectiva de los letrados que buscaba voltear por “inconstitucional” la obligatoriedad de las comisiones médicas jurisdiccionales como requisito previo a la judicialización de cualquier reclamo por accidentes laborales. Será uno de los capítulos -aunque no el último- de la saga cuyo horizonte es la Corte Suprema de Justicia, con llamativos mensajes adversos a la Casa Rosada desde los tribunales.

En un fallo de 5 carillas los camaristas Néstor Rodríguez Brunengo y Diana Cañal no sólo decidieron anular la decisión de primera instancia de desestimar la demanda, sino cambiar de juez. En un primer momento, el magistrado José Santiago Sudera había rechazado la demanda ante la inexistencia de “un caso” donde quedara claro el perjuicio que la nueva norma generaba en los abogados que alegaban no poder pactar libremente honorarios con los clientes que demandaban por accidentes de trabajo. Los camaristas entendieron que se había pronunciado sobre el fondo de la cuestión y remitieron -en el mismo movimiento- al juzgado siguiente en el orden nominal para que sea el que se pronuncie ahora. Ese tribunal está ocupado por la jueza subrogante Dora Temis, quien la semana pasada pateó el tablero y obligó al Gobierno a convocar a una paritaria nacional en pleno conflicto docente. La Casa Rosada le salió con los tapones de punta adjudicándole “antecedentes kirchneristas” y anunciando su recusación. Que sea ella la receptora del expediente que Cambiemos considera de vital importancia para su gestión fue la segunda mala señal. La primera había sido los más de 10 días que la Cámara se había tomado para resolver la apelación, lo que le daba oxígeno a pensar que no la iba a desechar.

El panorama con nubarrones se completa con el contexto que atraviesa una tensa relación con ese fuero por múltiples encontronazos. El demandante es el CPACF, que representa a los abogados porteños de la matrícula. Jorge Rizzo es su titular, cada vez más distanciado de su vicepresidente segundo, Daniel “Tano” Angelici, señalado por ser uno de los brazos ejecutores, en tribunales, de las estrategias oficiales. La Justicia nacional del Trabajo fue una de las destinatarias de los dardos del Gobierno, que considera que sus fallos se inclinan por darle siempre la razón a quienes reclaman contra las empresas, motivo que no auspicia un clima que fomente inversiones. A su vez, el Poder Ejecutivo pidió el juicio político a los camaristas del fuero laboral Enrique Arias Gilbert y Graciela Marino que ordenaron hacer efectivo un aumento salarial que el gremio Asociación Bancaria había pactado con dos cámaras empresariales en noviembre pasado. La embestida oficial cayó pésimo entre los magistrados, que además se sienten amenazados por el avance del traspaso de los tribunales nacionales a la órbita de la Ciudad de Buenos Aires. La tormenta perfecta puede desatarse en torno de una ley que Cambiemos aspira a defender hasta última instancia, es decir ante la Corte.

El Gobierno había ya tenido un traspié cuando en plena feria judicial activó un Decreto de Necesidad y Urgencia para poner en vigencia la reforma, que ya tenía medio trámite en el Congreso completo. Mientras que la Justicia en lo Contencioso Administrativo Federal le hizo un guiño a la Rosada estirando una definición para voltearlo, el Gobierno percibió el peligro y convocó a extraordinarias para completar su aprobación. Allí la Justicia del Trabajo mostró los dientes y en el período ventana un juez declaró inconstitucional el DNU y advirtió que fallaría en el mismo sentido cuando resolviera sobre el fondo.

Argumentos

La Cámara le dio curso al planteo contra los artículos 1, 2, 3, 10 (inciso 3º del nuevo artículo 7 de la Ley N°24557), 14, 15 y 16 de la Ley N° 27348. Sostuvo que “se advierte que en el presente caso lo que se trata de proteger son derechos colectivos por supuestos intereses, también colectivos”, lo que puso en alerta al oficialismo. En contrario a todos los pronósticos, y con citas a fallo de la Corte, los jueces sostuvieron que ese amparo del CPACF “tiene una finalidad preventiva y no requiere la existencia de daño consumado en resguardo de los derechos”. Así, le dio luz verde a Temis para que se expida sobre la cautelar. Su eventual recusación por parte del Gobierno tiene un pronóstico incierto.

Fuente: ambito.com

También podría gustarte Más del autor

Deja una respuesta

Su dirección de correo electrónico no será publicada.