La Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (PROCELAC) denunció al candidato del PRO Fernando Niembro por lavado de dinero. La denuncia recayó en el juzgado de Sebastián Casanello y el fiscal a cargo es Ramiro González.
La denuncia presentada esta mañana por el fiscal general a cargo de la Procuraduría de Criminalidad Económica (Procelac), Carlos Gonella, y el coordinador y fiscal ad hoc del Área Operativa de Delitos contra la Administración Pública, Milton Khaski, no deja lugar a dudas: “Nos hallamos por el momento frente a un universo de 164 contrataciones adjudicadas por el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a favor de ‘La Usina Producciones S.R.L.’ por un monto total de $19,473,878,30” que nunca fueron otorgadas “a través del mecanismo de licitación pública”. Además, consideraron que Fernando Niembro y su socio Alberto Meza podrían haber incurrido en el delito de lavado de activos, por lo que solicitaron que la causa que tramita ante el Juzgado Nacional en lo Criminal de Instrucción N°23 sea remitida a la justicia federal.
El escrito detalla que Fernando Niembro y su socio Alberto Meza fueron beneficiarios de esos contratos gracias al decreto 556/2010 que ordena que las “operaciones impostergables” que aseguren servicios esenciales deban llevarse adelante a través de contrataciones directas y así evitar los procedimientos establecidos por la ley 2095 de la Ciudad. Gonella y Khaski subrayaron que la realización de encuestas o el reparto de folletería “no pareciera” estar encuadrado en ese régimen excepcional que se “transformó en una suerte de regla inalterable”.
En concreto, los representantes del Ministerio Público imputaron al jefe de Gabinete porteño, Horacio Rodríguez Larreta; a las ministras de Desarrollo Social y Salud, Carolina Stanley y Gabriela Mabel Reybaud, y al secretario de Comunicación Social por incumplimiento de los deberes de funcionario público, negociaciones incompatibles con el ejercicio de la administración pública y administración infiel.
Perfecta sincronía
Según la denuncia de la Procelac, La Usina fue constituida en mayo del año 2012 -”en una casi perfecta y exacta sincronía con la data en la que se le adjudicaron los primeros contratos por parte del GCBA”- por Atilio Alberto Meza y Fernando Juan Niembro. “No podemos soslayar que ambos poseen una amplia e incuestionable ligazón con el más alto funcionariado de la administración pública porteña, dada su condición de candidatos a diputados nacionales por el partido denominado PRO, fuerza partidaria que, como es público y notorio, se encuentra en pleno ejercicio del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires”, destacaron Gonella y Khaski.
Además, subrayaron que “la nómina de irregularidades no se agota allí”. Al respecto, indicaron que “la empresa de los candidatos Meza y Niembro (“La Usina) carecería de empleados a cargo, no posee página web (algo particularmente llamativo para los tiempos que corren y más aún teniendo en cuenta que se trataría de una empresa ligada al rubro publicitario, según describe su objeto social), y sus dos únicos clientes durante sus tres años de existencia habrían sido el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y el Banco de la Ciudad de Buenos Aires”.
Del listado de contrataciones entregado por la legisladora Alegre a la Procuraduría especializada, surgen detalles como “servicios de instalación y puesta en funcionamiento de planta para tratamiento de efluentes” para la Dirección General de Limpieza y “servicio de higiene urbana” para la misma dependencia. Además, la diputada de la Ciudad aportó la “providencia” del 24 de enero de 2014, firmada por el subsecretario de Higiene Urbana, Mariano Daniel Campos, en “la que muy escuetamente se ofrecen fundamentos para justificar la ‘urgencia’ en la contratación de un ‘servicio de encuesta’ por los meses de enero, febrero y marzo de 2014”, “con un presupuesto oficial de $899,695,50”.
Deudores
En su denuncia, la Procelac destacó además que, tal como indica el artículo 96, inciso h de la ley 2095, La Usina “debió haber sido inhabilitada por el GCBA para recibir contrataciones por parte del sector público” porteño debido a una deuda tributaria por el Impuesto a los Ingresos Brutos ante la Agencia de Recaudación de la Provincia de Buenos Aires (ARBA) -que se encontraría en instancia de reclamo judicial, con una medida cautelar vigente-.
Fuente: Infonews