Luego de permanecer bajo las heladas aguas del río Chubut por más de 53, 60 o 73 días –según las tablas de referencia utilizadas en la autopsia– y tras otras 37 jornadas en la Morgue Judicial de la calle Viamonte, el cuerpo de Santiago Maldonado ya se encuentra en el cementerio de 25 de mayo, su ciudad natal. Pero aún es improbable que descanse en paz.
Lo cierto es que el minucioso estudio del Cuerpo Médico Forense –cuyo informe fue avalado por una junta de 28 peritos– llegó a la conclusión de que su fallecimiento sobrevino debido a un “ahogamiento por sumersión” con un cuadro “coadyuvante de hipotermia”, aunque sin establecer la fecha exacta de esa muerte ni habiendo despejado su carácter criminal. No menos cierto es que la víctima fue vista por última vez en medio de una virulenta incursión de la Gendarmería al territorio mapuche de Cushamen.
Es notable el silencio del gobierno ante esta novedad pericial. Claro que por estas horas su desvelo pasa por otra desaparición, la de un submarino. En rigor, sus máximas autoridades dieron por esclarecido el caso Maldonado de manera unilateral –a la vez que consideraban definitivamente salvado su buen nombre y honor– durante la ya lejana noche del 20 de octubre, cuando el juez federal Gustavo Lleral resumió el informe preliminar de la autopsia –a sólo 33 horas de las elecciones legislativas– con cuatro muy oportunas palabras: “No hay lesiones visibles”. En el dialecto de la “posverdad” tal frase fue sinónimo de “muerte accidental”. ¿Es acaso eso posible en el contexto de una represión atroz y desaforada?
Por toda respuesta, una oleada de júbilo refrescó entonces a cierto sector del espíritu público. Quizás nadie haya expresado mejor semejante reverdecer anímico que un conocido panelista del programa Intratables en su cuenta de Facebook, al decir “Muchos están enojados porque no fue una desaparición, en lugar de aliviarse”. Una biblia al respecto fue el artículo publicado el 25 de octubre por un tal Marcos Novaro en La Nación con un título que lo dice todo: “Crónica de la invención de un desaparecido”. Tal concepto fue completado en una editorial –sin firma– cuyo remate reza: “Nos preguntamos si quienes causaron tanto daño de modo tan artero o equivocado, no deberían expresar públicamente: Perdón Gendarmería”.
Aquel mismo miércoles, 30 de sus efectivos, vestidos en la ocasión con uniforme de combate y armados hasta los dientes, representaron una aparatosa coreografía frente al domicilio del ex ministro kirchnerista Julio De Vido. La excusa: arrestarlo a minutos de haberse votado su desafuero. La tropa fue entonces vitoreada por una entusiasta aglomeración de “vecinos”. Bajo aquella puesta en escena –ordenada por la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich– anidaba una simbología lindante entre el desagravio público a la fuerza y su triunfal regreso al rol de garrote predilecto del Estado.
Mientras tanto, por casi cinco semanas los forenses realizaron su trabajo en la mayor de las reservas. En aquel lapso el expediente quedó prácticamente congelado a la espera del informe final de la autopsia. Un purgatorio procesal sólo sacudido por el rechazo del magistrado a concretar solicitudes efectuadas por la familia de Santiago –como la incorporación de expertos extranjeros a la pesquisa– y el apartamiento de los especialistas aportados por la Procuraduría de Violencia Institucional (Procuvin) por expreso pedido de la fiscal Silvina Ávila luego de que el Lleral absorbiera la causa por que ella venía instruyendo.
Ya conocidos los motivos médicos del fallecimiento de Santiago, el juez dio por concluido el período cuasi-vacacional de su investigación. “Ahora hay qué hacer una reconstrucción histórica: se sigue recolectando prueba”, soltó al abandonar la Morgue. ¿A qué se refería?
De hecho, los resultados de la autopsia no resuelven enigmas cruciales. ¿Acaso Lleral está dispuesto a precisar si alguien empujó a Santiago al río o si se arrojó al agua helada escapando de la persecución y los tiros gatillados por los gendarmes? ¿Acaso ellos lo vieron ahogarse sin hacer nada o hubo algún forcejeo que no haya dejado huellas? A tales interrogantes se suma el destino penal del funcionario civil Pablo Noceti, quien ordenó y condujo el ataque del 1º de agosto en Cushamen. ¿Y el encubrimiento del Poder Ejecutivo? No hay duda de que Lleral –siempre que se lo proponga– tiene un arduo trabajo por delante.
Por su parte la familia de la víctima señaló: “La verdad de cómo, cuando y donde falleció Santiago aún se desconoce y por esa razón seguimos exigiendo una investigación imparcial, independiente y exhaustiva”. Y agregó: “Esa muerte ocurrió durante una salvaje represión por parte de una fuerza de seguridad estatal conducida y apoyada por autoridades políticas; que se produjeron desvíos y entorpecimientos en la causa de parte de la justicia federal de Chubut y el Poder Ejecutivo nacional; que es necesario contar con apoyo de investigadores especializados e independientes para lograr conocer la verdad, obtener justicia y evitar la impunidad en el caso de la muerte de Santiago”.
Como si lo suyo jamás hubiera ocurrido, durante la madrugada del jueves se inició un violento desalojo en la comunidad mapuche de Lafken Winkul Mapu, en Bariloche. En esta oportunidad los gendarmes no estuvieron solos; hubo también efectivos de Prefectura y la Policía Federal; en total, 300 uniformados. La cosecha fue fructífera: 30 detenidos: entre ellos, 12 niños. La Campaña del Desierto continúa.
Fuente: tiempoar.com.ar