La Corte Suprema de Justicia resolvió ayer que YPF deberá dar a conocer las cláusulas de confidencialidad que contiene el contrato firmado con Chevron para la explotación del yacimiento Vaca Muerta. El voto mayoritario lo acompañaron Ricardo Lorenzetti, Carlos Fayt y Juan Carlos Maqueda. La decisión llega en un momento de múltiples especulaciones en torno de la continuidad de Miguel Galuccio como CEO de la petrolera estatal ante un inminente cambio de administración tras el balotaje. El máximo tribunal volvió a ratificar su jurisprudencia reciente en materia de acceso a la información y envió un mensaje inquietante al ámbito empresario.
En octubre del año pasado, en el primer acuerdo tras la muerte de Enrique Petracchi se conocieron dos fallos que encierra la génesis de la resolución que ayer dio a conocer la Corte. Por un lado se ordenaba que el Estado brindara información sobre la licitación de represas y por el otro se validaba un pedido de Ricardo Gil Lavedra para conocer información referida a la calcográfica Ciccone. En paralelo Lorenzetti explicaba que la Corte podría funcionar con cinco jueces y también con cuatro (ya se preveía la salida de Eugenio Zaffaroni) y que, de hecho, sería más veloz en sus trámites.
Indicios que a finales de 2014 llevarían a Galuccio hasta el cuarto piso para explicar que los acuerdos de confidencialidad son moneda corriente en el mercado petrolero y que en este caso eran especialmente necesarios ante la avanzada de los holdouts. Casi un año más tarde la Corte se inclinó por aceptar el reclamo que enarbolaba el senador Rubén Giustiniani en favor de dar a conocer el contrato.
El desenlace es producto de un debate que no se puede reducir a cuestiones de publicidad u acceso a la información. Elena Highton de Nolasco firmó en disidencia por entender que Chevron nunca llegó a defenderse en el expediente ni a pronunciarse. Lo mismo entiende Alejandra Gils Carbó. El giro de los acontecimientos ubicó a la jueza y a la procuradora (que el empresariado denosta) en defensa de una noción de seguridad jurídica que queda perjudicada tras el fallo especialmente si se interpreta que las cláusulas de confidencialidad de los contratos han quedado ahora en posición vulnerable. No sólo eso, en la última semana en el despacho de Fayt (que finalmente firmó por la mayoría) se conoció un pronóstico inquietante: la resolución de la Corte podría devenir en una demanda de la empresa contra el Estado porque debe revelar secretos sin haberse defendido en el expediente.
El caso Chevron es una fibra sensible para el Gobierno. No por nada Leon Arslanían, designado por el oficialismo conjuez de la Corte (y luego dado de baja por el propio tribunal) defiende a la petrolera en un caso que transcurre en la Justicia penal federal.
A nivel económico existen otros frentes porque ciertos pasajes del fallo sostienen que YPF vendría ser un sinónimo del Estado argentino. Música para los abogados de los holdouts que litigan ante Thomas Griesa y que meses atrás le apuntaron a las acciones de la compañía. Podrían encontrar un atajo en la letra del máximo experto en derecho argentino. Anoche desde el Ministerio de Economía entendían la decisión como otro empuje hacia una negociación ineludible en los primeros meses de 2016.
Ahora Galuccio tendrá que mostrar su estrategia diseñada junto a Chevron, lo cual dará nuevos ímpetus a aquellos sectores, incluso dentro del arco oficiliasta, que cuestionan su desempeño. Dentro de ese panorama sólo tiene a su favor que el fallo de la Corte no es preciso en cuanto a los plazos para dar a conocer el contrato con la firma estadounidense.
La determinación de la Corte se enmarca en una agenda reciente -post primera vuelta presidencial- que ha recorrido algunos de los principales temas de campaña: lucha contra el narcotráfico, designaciones de jueces (subrogancia), validez de los DNU, política carcelaría y ahora matriz energética. Un recorrrido potente con mayorías sólo de tres votos y que podría ir a más. Una defección estratégica tardía, como define la academia norteamericana a la avanzada de jueces, mediante resoluciones, sobre gobiernos en retirada. La diferencia actual es que este fenómeno aparece ahora con más fuerza en la cima del Poder Judicial que en las decisivas instancias inferiores.
Fuente: Ambito.com