Julia Strada Economista

Hablamos con Julia Strada, economista, tras los informes del CEPA y del Centro Atenea que advierten sobre la reconfiguración de la estructura del empleo –sin relación de dependencia, con menos derechos y bajos ingresos– y sobre los riesgos que implican los proyectos de reforma laboral”.

El CEPA reseña que desde diciembre de 2015 a febrero de 2018 se crearon, según los datos oficiales, 345.449 nuevos empleos “registrados”. Sin embargo, el 85,3 por ciento de esos nuevos puestos correspondieron a monotributistas, empleados estatales y asalariados/as de casas particulares. En contraste, en los dos últimos años del gobierno kirchnerista sólo 8 de cada cien empleos creados eran de monotributistas; el sector privado generaba el 28 por ciento del empleo. Hoy son monotributistas 53,2 de cada cien nuevos empleados, mientras que el sector privado genera apenas el 14,7 por ciento de los nuevos trabajos. De esta manera, lo que se ve es un proceso de degradación interna del trabajo: la pérdida de puestos formales –que afecta marcadamente a la industria, el sector productivo con los salarios más altos–, va acompañado de la creación de empleos sin relación de dependencia, despojados de derechos y con ingresos bajos.

La precariedad del empleo monotributista puede medirse por los derechos de los que carece, marca el CEPA: un monotributista no tiene empleador, ni estabilidad laboral –emite facturas mensuales por la “venta” de sus servicios–, ni vacaciones pagas, ni aguinaldo. Al no haber empleador, no existe quién haga aportes patronales, con lo que un crecimiento del monotributismo desfinancia a la Anses. En casi todos los casos, los monotributistas se jubilan con la mínima. Y quedan afuera de los sindicatos, sin representación para pelear por sus derechos.

“La habilitación de las llamadas ‘prácticas profesionales’ va en el mismo sentido. Tenemos el antecedente de las pasantías, que, habilitada como figura legal en los ‘90, fue algo muy nocivo porque abrió la puerta a que se contratara de cualquier manera a los jóvenes. Es la vía a la precarización más absoluta”, definió Hernán Letcher, titular del CEPA.

“Casualmente, en ellas se promovía como hoy una ‘asignación estimulo’ no remunerativa. Ahora se extiende de algún modo el contrato a prueba a un año, pero además sin aportes ni contribuciones. Es decir, mientras dura la práctica formativa el empleador puede terminar sin costo la relación laboral”.

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