El oficialismo no quiere resistir el debate y aspira a que el bloque mayoritario de la oposición en esa cámara confirme votos de diciembre pasado.
Cambiemos no apostará sólo a resistir en el Congreso las críticas al Decreto de Necesidad y Urgencia con el que Mauricio Macri activó los cambios a la Ley de Riesgos del Trabajo: el Gobierno sondeará al bloque mayoritario del Frente para la Victoria-PJ, que comanda el rionegrino Miguel Pichetto, para que esa cámara ratifique la decisión presidencial.
La lógica del oficialismo fue craneada ayer en la reunión que moderó Mauricio Macri junto al jefe de Gabinete, Marcos Peña. También estuvieron el titular de la Cámara de Diputados y peronista con témpera PRO, Emilio Monzó, y el jefe del bloque de Cambiemos en esa Cámara, el radical Mario Negri, entre otros.
Uno de los temas centrales fue el DNU sobre las ART. Ante las críticas de la oposición, la primera opción que surgió durante el convite -en realidad, inevitable- de ayer fue la de defender la vía del decreto la en la Comisión Bicameral Permanente de Trámite Legislativo, pareja en cuanto a votos de oficialismo y oposición aunque con una pequeña ventaja para el segundo grupo. Encima, en caso de empate define su titular: el año pasado fue el senador radical Luis Naidenoff, y desde fines de 2016 la preside el diputado de La Cámpora Marcos Cleri.
Ante la virulencia de los rechazos a un sistema que ideó y defendió a rajatabla como senadora nacional -fue miembro informante- y luego como presidente Cristina de Kirchner, apareció otro sendero: retomar diálogo con el zigzagueante Sergio Massa para que su diputado Raúl Pérez acompañe en la bicameral o que, en todo caso, lo haga la bancada en el recinto, ya que el Frente Renovador más el oficialismo tienen votos para ratificar la norma en esa Cámara.
El tercer camino es el que más le gustó a Macri: aprovechar que el FpV-PJ jugó a favor del proyecto en el Senado -con el aval de la CGT- y pedir un nuevo guiño, tanto en la bicameral como en el recinto. Uno de los vicejefes de Gabinete, Mario Quintana, comenzó a explorar al buró sindical junto al ministro de Trabajo, Jorge Triaca. Falta aún el llamado a Pichetto.
Según Casa Rosada, argumentos sobran para gatillar esta partida: durante la segunda quincena de noviembre pasado, abogados de la CGT marcaron serias inconsistencias en el Senado a la iniciativa enviada por el Ejecutivo, pese a la defensa de Triaca. Por caso, se imponía el plazo de un año para crear un «proyecto de ley de protección y prevención laboral». El sindicalismo pulverizó esa directiva y exigió la obligación de convocar al Comité Consultivo Permanente.
Ya en diciembre, apareció un dictamen de mayoría de la Comisión de Trabajo que quedó congelado por la indefinición en ese entonces sobre la cuestión Ganancias. No obstante, el Gobierno continuó en sincronización con la CGT y logró agregar nuevas modificaciones. Es decir que el proyecto llegó al recinto luego de haberse revisado dos veces por el sindicalismo y la oposición.
La última negociación en el Senado fue encauzada por el titular provisional de esa Cámara, Federico Pinedo, junto a los legisladores Mario Pais (Frente para la Victoria-Chubut), la peronista disidente Liliana Negre de Alonso (San Luis) y la jefa de la bancada del PRO, Laura Rodríguez Machado.
El proyecto fue aprobado con 48 votos de Cambiemos, FpV (el sector ultra-K de esta bancada se fue antes del recinto) y PJ disidente, entre otros. «Los peronistas votaron porque la CGT dijo que estaba bien. Nosotros cumplimos y respetamos lo que nos pidieron cambiar, e incluso ellos ya sabían desde antes la intención de tener ley o DNU antes de la finalización de la feria judicial para que no siga la industria del juicio», señalaron a este diario desde Cambiemos.
De hecho, días antes de aprobar la ley de ART en el Senado, fue Peña quien trasladó el mensaje a la CGT y a las espadas de Cambiemos en el Congreso: había que acelerar el debate porque el Gobierno ya tenía su plan B preparado, el DNU que vio la luz el lunes pasado.
Fuente: ambito.com