Gobierno con poco margen en carrera para Procuración

DANZA DE NOMBRES, «VETADOS» INTERNOS Y PRESIÓN DEL PJ PARA DEFINIR
Alberto García Lema asoma como favorito por sus chances de atravesar el Senado con éxito. Ejecutivo define antes de fin de año, o tolera interinato (al menos hasta mediados de 2018). Conte Grand, Cavallo y Weinberg, potables.

Luego de la salida de Alejandra Gils Carbó, el Gobierno se enfrenta ahora a una encrucijada de segundo nivel para definir a su sucesor al frente de la Procuración General. Mientras que el Ejecutivo analiza los próximos pasos en medio de una danza de candidatos, el ministro de Justicia, Germán Garavano, estimó que el sustituto estará nombrado en un plazo de «dos a cuatro meses». En ese contexto, y en los próximos días, será clave el rol que adquiera el PJ para hacer valer la llave de consenso que destrabe los dos tercios de los votos necesarios en el Senado para afianzar un postulante. El jurista Alberto García Lema asoma como primera opción, pero implicaría que el Ejecutivo convalide la opción de que el jefe de los fiscales sea nominado por la oposición, en lugar de continuar la tradición de nombrar en esos cargos a un abogado del propio riñón, algo para lo que la Casa Rosada tampoco tiene margen después de haber combatido a la Procuradora con el argumento de su supuesta pertenencia kirchnerista.

García Lema cierra las aspiraciones del PJ -encabezado por Miguel Pichetto y Pedro Guastavino- para que el próximo procurador sea un constitucionalista, con roce en la función pública a partir de haber sido procurador del Tesoro de Carlos Menem. Su edad lo deja al borde de la jubilación, lo que también le funciona al Gobierno: un jefe de los fiscales «de transición» que permita una «normalización» del Ministerio Público Fiscal. Su recambio sí puede tener un «ADN amarillo», ya sea de cara a un segundo mandato o ante una eventual retirada, pero ya con un nuevo plazo de duración en el cargo fijado por la nueva Ley Orgánica. El peronismo sabe que el procurador no viene solo. Con la reactivación del Código Procesal Penal que impulsa el sistema acusatorio se abre un festival de cargos a cubrir en fiscalías (también para las provincias), originalmente contenido dentro del famoso «Anexo II» que el Gobierno congeló apenas asumió. Será parte del botín en el intercambio para que en palabras de Garavano se halle candidato que «reúna consensos políticos, que sea muy respetado, que pueda liderar un proceso de reforma de la Justicia penal».

«En este esquema, el Gobierno podría -con decisión administrativa- trasplantar a (Julio) Conte Grand», apuntó una fuente oficial. El actual Procurador bonaerense ya ocupó el mismo rol en la Ciudad de Buenos Aires y fue secretario de Legal y Técnica de María Eugenia Vidal. El macrismo debería pagar el costo político si define una nueva mudanza del funcionario.

Pablo López Viñals, actual jefe de los fiscales en Salta es la apuesta de los hermanos Urtubey, explicitada por Rodolfo, uno de los más activos senadores del PJ en materia judicial y encargado de la implementación del Código Procesal Penal. Se especula con que si el Gobierno no se define antes de principios de diciembre con un candidato, el interinato de Eduardo Casal -a partir del 1 de enero y feria mediante- podría extenderse hasta mediados del año próximo. El resto de los candidatos en danza -algunos autopostulados- amén de tener que remar los dos tercios de los votos en el Senado, tienen tachas internas dentro de Cambiemos. Raúl Pleé cuenta con el apoyo de fiscales de Comodoro Py y de la «línea Boca» dentro del Gobierno, con la guía de Daniel «Tano» Angelici. Puede volverse una presa de Elisa Carrió. El caso del excamarista Gabriel Cavallo es distinto: pese a que su soporte proviene de la «Superliga» de jueces federales que controla Ariel Lijo, su perfil también está apuntalado por el holding Clarín, algo que en el juego de fuerzas lo vuelve un candidato con posibilidades reales. En el Ejecutivo reconocen que hay «poco tiempo para tapados».

El camarista de Casación Gustavo Hornos tiene pergaminos y ha elevado su perfil, enfocándose en crimen organizado y narcotráfico, palabras mágicas para la etapa que aspira a inaugurar el Gobierno. Históricamente, su postulación fue asociada al presidente de la Corte Suprema, Ricardo Lorenzetti, otro de los apuntados por Carrió que ayer fulminó a los excamaristas León Arslanián y Ricardo Gil Lavedra, quienes fueron interlocutores para la rendición de Gils Carbó. El último es coordinador del programa oficial Justicia 2020, dato que para la diputada pasó inadvertido para la crítica. Mariano Borinsky, Ricardo Sáenz y Guillermo Marijuán -número puesto por el sector de Sergio Massa- vieron devaluadas sus chances. «No va a ser nadie de Comodoro Py», aventuraron desde el oficialismo. Una candidata con peso propio podría ser la única mujer nombrada por Mauricio Macri en el Superior Tribunal de Justicia de la Ciudad, Inés Weinberg de Roca.

Dentro de la Procuración comenzó un proceso de «sálvese quien pueda» dentro de cada área funcional, especialmente las creadas por Gils Carbó que temen sufrir recortes o reasignaciones en función de qué candidato llegue al sitial. Gils Carbó iniciará su despedida en el encuentro de juezas y fiscales a realizarse el 9 y el 10 de noviembre en el Vaticano, invitada por el papa Francisco. La pregunta que se formulaban en sectores judiciales es si en esa ocasión, en la Casina Pío IV, el Sumo Pontífice podría expresar su deseo de incorporarla a un cargo con proyección vaticana.

Fuente: ambito.com

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