La presidenta del Consejo Nacional de Coordinación de Políticas Sociales, Victoria Tolosa Paz, visitó Bahía Blanca donde firmó acuerdos con el intendente municipal Héctor Gay, y gestiones con la Defensoría del Pueblo, el Consorcio de Gestión del Puerto y el Arzobispado local.
En el marco de la reunión por el Plan Nacional AccionAR participaron la senadora bonaerense Ayelén Durán, la diputada Marisol Merquel y la concejala del Frente de Todxs, Gisela Ghigliani.
“Una idea interesante para acercar los alimentos en base a los costos de producción y no los de comercialización. Se abarata el acceso y se trabaja sobre las variantes nutricionales, habría que ver cómo articula el Municipio este nuevo proyecto para avanzar en su implementación”, declaró Gisela Ghigliani, concejala del Frente de Todxs. Además plantearon las dificultades serias que la pandemia generó en la economía, impactando en los sectores de mayor vulnerabilidad: “Marcamos nuestra diferencia con la línea de gestión precaria de las políticas sociales en nuestra ciudad. Basta acordarnos los 200 millones de pesos de subejecución del año pasado”.
Marcamos nuestra diferencia con la línea de gestión precaria de las políticas sociales en nuestra ciudad».
La concejala, que recorrió durante el fin de semana el tren sanitario, analizó el alto nivel de vecinxs que se acercaron para realizarse el hisopado que diagnostica COVID. “Hay una crisis del sistema sanitario, sobre todo estatal. No digo que se deba hacer el hisopado en cualquier unidad sanitaria, pero si contar con información precisa. Las unidades sanitarias están muchísimas de ellas cerradas, seguimos sin tener respuesta oficial de cuántas y cuales. Una vacuna no aplicada es lo peor que puede haber. Con la pandemia hicieron la diferencia entre centros respiratorios y centros satélites, pero se debería aplicar en todos”.
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Por último opinó sobre la decisión del municipio, de habilitar competencias y encuentros deportivos grupales e individuales, a pesar no estar aprobado por la provincia: “El Gobierno local siempre ha dicho que necesita la aprobación de provincia para todo, pero están convencidos de la habilitación y lo hacen. No hay una decisión política de fiscalizar el cumplimiento de las fases».