Facundo Damiani Secretario de Hábitat del Movimiento Evita y vicepresidente del Consejo Local de Hábitat
El Senado de la Nación sancionó ayer la prórroga y reforma de la ley de barrios populares, una iniciativa que apunta a garantizar la urbanización de los más de 5 mil barrios populares del país y que, además, prohíbe los desalojos judiciales por 10 años en estos asentamientos.
La iniciativa promueve el fortalecimiento del acceso a los servicios públicos, garantizando una tarifa social a aplicarse en todos los conglomerados incluidos en el Registro Nacional de Barrios Populares (ReNaBaP). Asimismo, propone ampliar el alcance de la norma sancionada en 2018, por lo que ahora se suman 1.176 nuevos barrios bajo el paraguas de «utilidad pública».
Además, se incorpora la adquisición de tierras para la producción de nuevo suelo urbano al conjunto de acciones comprendidas dentro de la “integración socio urbana”, definida en el artículo 1 de la ley 27.453. Asimismo, se establece que los habitantes de los barrios populares que integran el Renabap tienen derecho a acceder a los servicios públicos con calidad, continuidad y cantidad suficientes, sin discriminación.
«Esta ley tiene la necesidad de abordar el déficit habitacional que no solo trata de la calidad de la vivienda en la que una familia reside, sino toda la estructura alrededor en cuanto al acceso a servicios públicos, salud, educación, seguridad, y otras cuestiones básicas que hacen al bienestar de cada individuo», dijo Facundo Damiani Secretario de Hábitat del Movimiento Evita y vicepresidente del Consejo Local de Hábitat.
La iniciativa fue respaldada por 64 votos a favor y uno en contra, ante la mirada de la ministra de Desarrollo Social de la Nación, Victoria Tolosa Paz, que siguió el debate desde una de las gradas del hemiciclo de la Cámara alta. El proyecto obtuvo el respaldo del oficialismo y de la oposición, aunque la única que votó en contra fue la macrista cordobesa Carmen Álvarez Rivero.
En Bahía Blanca 30 son los barrios populares. Para ser calificado de esta forma, un barrio debe tener al menos la mitad de su población sin acceso a dos o más servicios públicos, y además el 50% de sus residentes no debe tener acceso a las escrituras de su propiedad. Esta es la realidad que atraviesan miles de bahienses.
En cuanto a la problemática del acceso al hábitat en la ciudad, Facundo Damiani, dijo: «La planificación de la ciudad es potestad de los gobiernos locales. Cuando el Municipio no asume esa responsabilidad no hay nadie que la absorba».
El Consejo Local de Fomento del Hábitat fue creado por ordenanza en el 2017, reúne representantes de distintas organizaciones sociales con trabajo en el territorio, de la UNS y la UTN, de colegios profesionales, y del Municipio, a través de la presidencia de Martín Castro, director de Planificación y Desarrollo Urbano.
En Bahía Blanca hay una incapacidad de poder gestionar políticas publicas municipales para mejorar las condiciones habitacionales.
Por último, remarcó que «a pesar de todas las políticas habitacionales generadas por nación y provincia, en Bahía Blanca los barrios populares crecieron, y eso es consecuencia de la falta de voluntad política por parte del Municipio»,