Trabajadores y trabajadoras de Vialidad Nacional presentaron un amparo ante la Justicia con el fin de evitar el cierre del organismo, anunciado en las últimas horas por parte del Gobierno nacional. Allí explican que la medida es inconstitucional, ilegal y arbitraria, además de marcar que significa un retroceso en materia de seguridad vial, comprometiendo el estado de las rutas.
Fabián Catanzaro, secretario general de la Federación de Personal de Vialidad Nacional (FEPEVINA), afirmó que «al Gobierno nacional no les interesan las rutas nacionales; no entienden ni conocen a nuestro país, que es el octavo en dimensión territorial del mundo. Tenemos una clara necesidad de que las rutas y vías de comunicación acompañen este desarrollo territorial, económico y social del país. No se puede pensar un pueblo sin caminos que lo unan. La falta de interés por parte del Estado responderá a los intereses privados, siendo las rutas un nicho para todo tipo de negocios. Además, apuntan a romper el federalismo, la conectividad entre los pueblos, y que el país quede aislado en distintas regiones. Es la continuación de esta decisión de frenar al 100% la obra pública, y sin Vialidad Nacional esta cuestión se irá agudizando cada vez más».
«Sin la existencia de una institución como Vialidad Nacional, no sabemos qué puede pasar en las rutas. Algo similar sucedió en los ’90, cuando quedó como un organismo residual, sin capacidad de llevar adelante un control de calidad de las obras» Fabián Catanzaro.
A ello, el dirigente agregó que «el Gobierno nacional busca privatizar 10.000 de los 40.000 kilómetros de rutas nacionales del país. Poniéndolo en términos concretos, hoy de Bahía Blanca a Buenos Aires hay 4 peajes, y pasarían a ser 8 y con valores dolarizados. Además, las empresas no van a estar obligadas a hacer obras nuevas, sino que por contrato solo tendrán que hacer corte de pasto y bacheo, algo que el Estado lo puede hacer con un tercio del costo y sin cobrar peajes. Obras como la ampliación de la Ruta 3 solo podrán finalizarse con fondos del Estado. Sumado a esto, cualquier empresas puede ser adjudicataria solo con tener avales bancarios, sin equipos o personal ni nada que acredite que hay capacidad para gestionar eso».
En ese sentido, Catanzaro concluyó que «no hay ningún tipo de respuesta para saber qué pasará con los otros 30.000 kilómetros de rutas nacionales. Lo único que sabemos bien es que no son viables para un privado, pero que representan un gasto demasiado grande para los gobiernos provinciales. En algunos lugares, como por ejemplo Mendoza, han colocado peajes para ingresar a la ciudad. La desregulación de la obra publica significa que el privado puede hacer lo que quiera donde quiera, y las rutas quedarán supeditadas al interés económico de un privado y no a una planificación vial centralizada».