El Gobierno otorgó finalmente un reconocimiento, aunque parcial, a la nueva estructura de la CGT surgida el mes pasado de un Congreso de unidad. Lo hizo mediante la extensión de una «certificación de autoridades» por parte del Ministerio de Trabajo, con la salvedad de que el documento es provisorio a raíz de las impugnaciones presentadas por gremialistas disidentes encabezados por el rural Gerónimo Venegas. Pero lo más llamativo fue que la cartera laboral también le demandó a la central obrera dar cumplimiento al cupo femenino en su estructura, en la que apenas fueron incluidas dos mujeres para 35 cargos.
El culebrón de la certificación sobrevoló toda la relación entre la CGT y el Ejecutivo en el mes que lleva de vida el triunvirato de jefes que integran Héctor Daer, Juan Carlos Schmid y Carlos Acuña. Inclusive se coló en el pliego de demandas que los líderes habían planteado como condición para no disponer hoy mismo un paro nacional de actividades, junto con un alivio en Ganancias, la habilitación de reapertura de paritarias o compensaciones por el desfasaje respecto de la inflación, y un bono para los jubilados antes de fin de año.
Ante la presión de dirigentes y abogados de gremios, como dio cuenta esta semana este diario, Trabajo por fin emitió el documento el miércoles a última hora. Aunque la certificación fue extendida por apenas 30 días, no hubo quejas sobre este punto de los abogados de la CGT, que sabían que era imposible obtener la definitiva frente a las objeciones administrativas que había planteado Venegas. En cambio, lo que generó más tensión fue que se les reclamara a los gremialistas dar cuenta de las razones para haber incumplido la Ley 25.674, que establece un cupo mínimo de 30% de mujeres en los cargos ejecutivos de las organizaciones sindicales.
Disputa
Se trata de una herramienta utilizada por el equipo del ministro Jorge Triaca para incomodar a los dirigentes y mantenerlos pendientes de la evolución de ese trámite, más allá de sus reclamos gremiales de fondo. En este caso sumó un protagonista: Javier Fernández, representante de la Auditoría General de la Nación y operador judicial todoterreno, inició una pesquisa sobre la vigencia de la normativa en los gremios y la CGT que sirvió de base para el planteo de la Dirección de Asociaciones Sindicales de Trabajo.
Los abogados de la CGT contestaron ayer mismo que el cupo del 30% sólo es válido en los casos de existir ese porcentaje de mujeres en una organización gremial, pero que en la letra de la normativa está prevista una participación menor en concordancia con la presencia femenina efectiva. Tecnicismos: en la central obrera contabilizaron el 30% de los congresales (menos de un centenar sobre un total de más de 1.600) para darle dos lugares a mujeres en el Consejo Directivo, sobre 35 cargos. En cambio, para Trabajo la norma establece ese porcentaje pero sobre trabajadores, no dirigentes.
Sea o no gravitante en la planificación de una eventual medida de fuerza, la controversia con el Gobierno por la certificación de autoridades desnudó por lo pronto algunos chispazos internos dentro de la propia cartera laboral entre la línea de Triaca, su jefe de Gabinete y exasesor de sindicatos, Ernesto Leguizamón, y el director de Asociaciones Sindicales, Horacio Pitrau, por un lado, y el viceministro, Ezequiel Sabor, por otro. Es que mientras Sabor había ofrecido garantías a los gremialistas de un trámite sin sobresaltos, la decisión de Triaca de poner la lupa sobre la documentación y darle entidad a las impugnaciones de Venegas agigantó el malestar en la CGT. Y, según confiaron los funcionarios, esa tensión promete crecer si el ministro se decide a analizar de manera puntillosa los padrones de la CGT, suerte de incunables que despiertan siempre el recelo dirigencial.
Fuente: ambito.com