Continúa el proceso de privatización del 100% de la empresa Intercargo, encargada del servicio de rampa y transporte de pasajeros dentro de los aeropuertos en nuestro país. Los plazos para la privatización, que quedó habilitada luego de la aprobación de la Ley Bases en junio del 2024, fue ampliada hasta el próximo 10 de junio. Sobre ello, desde la Asociación del Personal Aeronáutico (APA) presentarán una denuncia por administración fraudulenta por esta situación ¿Qué implica esto y cuáles son las consecuencias para el transporte aeronáutico?
Enzo Gorosito, delegado de la APA Bahía Blanca, afirmó que «lo que está sucediendo con Intercargo va de la mano con el proceso de desregulación que está llevando adelante el Gobierno en todo el ámbito del transporte. Buscan que cualquier organismo que está en manos del Estado, incluso si no es deficitario, pase a manos privadas. Lo vemos también en Aerolíneas Argentinas, en la fábrica de aviones FADEA en Córdoba, en todo el ámbito de la aeronáutica. Lo público es tan solo un negocio para privatizar«.
«Intercargo es una empresa estatal con presencia en 19 aeropuertos; son 1.500 familias que viven de ese trabajo. Desde la implementación de la Ley Bases no tuvimos aumento salarial, y el desfasaje con la inflación llegó al 80%» Enzo Gorosito.
A su vez, el dirigente explicó que «no entendemos el motivo de la privatización, porque es una empresa que genera superávit incluso en años donde no hubo actualizaciones ni inversión. Esta es una decisión que para el Gobierno no altera las cuentas ni pone en riesgo al equilibrio fiscal, por lo que nos parece sospechoso que se quiera vender una empresa estatal rentable. A esto se suma que, cuando salieron los valores pretendidos para la venta, los números dieron un 50% más bajo que los activos de la empresa. Por eso pedimos un recurso de amparo para que la Justicia de expida sobre el tema».
En cuanto a la situación de las licencias comerciales, Gorosito planteó que «en esta desregulación del espacio aéreo, nos encontramos que el Gobierno nacional ha entregado rutas a aerolíneas que no cumplen con los requisitos necesarios, como JetSmart o FlyBondy, con recurrentes cancelaciones y no prestando el servicio correcto a la sociedad. Como trabajadores, argentinos y ciudadanos queremos defender los intereses del país, y vemos que se está perjudicando a empresas estratégicas que generan futuro y superávit en el mediano y largo plazo».