Dos de cada tres trabajadores se desempeñan en forma irregular. Las cifras que se ocultan tras el trabajo precario muestran un submundo de fraude fiscal y explotación laboral por miles de millones de pesos al mes. Según CAME, el nivel de ventas ilegales puede alcanzar los $ 50 mil millones al año, casi el 1% del PBI.
El 80% de la actividad del sector textil en Argentina se realiza con trabajo informal a través de talleres ilegales y mano de obra no regularizada. El peso de las cifras, cuando se las pone en relación con el conjunto del país, canta por sí solo. Esta industria, en la que sólo uno de cada tres ocupados trabaja en blanco, aporta casi el 10% de todo el trabajo en negro de la Argentina. Las últimas cifras pintan un panorama de unos 120 mil contratos regulares por lo que el número de trabajadores informales rondaría los 300 mil. Algunas ONG hablan de 450 mil. El trabajo esclavo sería sólo la punta vergonzante del iceberg. Los últimos sucesos en torno a los talleres ilegales de la Ciudad de Buenos Aires, donde este flagelo se concentra, han vuelto a poner sobre la palestra el drama de los trabajadores que, en un régimen de servidumbre cercano a la esclavitud, malviven encerrados en factorías donde el hacinamiento, la falta de medidas de seguridad o las pésimas condiciones de higiene son la norma.
Pero más allá de los márgenes legales, sociales y morales de este fenómeno, la existencia de este tipo de fábricas y, sobre todo, su persistencia, responden a una realidad económica. Según consignó Tiempo Argentino, la recuperación económica tiró de la demanda interna y provocó el crecimiento de un sector muy vinculado con el consumo. «En el caso de las clases más pudientes, significó el aumento de la producción de textiles de alta gama y, para las clases más populares, la consolidación de las saladitas.» Según Óscar Martínez, coordinador del Taller de Estudios Laborales y Sociales (TELS), «en ambos casos el trabajo esclavo es una parte imprescindible de la cadena de valor; desde las prendas más baratas de un puesto callejero a las de las grandes firmas que se venden en los shopping». La situación se repite también en otros rubros como la construcción, la fabricación de juguetes o de productos para el consumo personal, «pero el sector que soporta el mayor volumen de trabajo esclavo y precario es el textil».
ABARATAMIENTO DE COSTOS. Este es el eje fundamental del problema. «El nivel de ganancia es gigantesco», resume contundente Ezequiel Conde, delegado sindical en la cooperativa textil Soho e integrante de la Fundación La Alameda de lucha contra el trabajo esclavo. Salarios e impuestos son los principales ítems que explican la cuestión. La actividad que se realiza en este tipo de talleres, explica Conde, se paga a la pieza; cada trabajador recibe un monto fijo por prenda terminada (apenas unos pesos), algo «que está totalmente prohibido por el convenio del sector» y que se traduce «en salarios de miseria».
Según La Alameda, los sueldos medios que recibe este tipo de trabajadores rondan los 3000 pesos. «Un trabajador en blanco cobra como mínimo unos 7000 pesos y a eso hay que añadirle medio sueldo más en cargas impositivas y beneficios» (obra social, jubilación, vacaciones…) Según la fundación, sólo en Capital Federal, hay unos 3000 talleres ilegales: «Estamos hablando de una media de diez trabajadores por taller y eso es un cálculo muy conservador.» No hay más que hacer la sencilla multiplicación para ver la magnitud del fenómeno: un mínimo de 30 mil trabajadores reducidos a servidumbre que «recuerdan mucho a las condiciones de trabajo que sufrían los obreros de los orígenes del capitalismo en el siglo XIX», advierte Martínez. Para La Alameda, en el contexto del país, al menos 300 mil personas están en esta situación. Es imposible establecer números cerrados, pero los datos empujan a hacer uso de la calculadora. Sólo teniendo en cuenta los mínimos establecidos en los convenios, el ahorro en salarios supone 1200 millones de pesos al mes y un fraude fiscal que supera los 900 millones. A esto habría que añadir impuestos sobre las ganancias, permisos, tasas municipales y otros gravámenes que multiplicarían el volumen de fraude.
Hace escasos días, la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME) lanzaba una campaña de concientización bajo el eslogan «No queremos más ropa manchada de sangre». Es sólo un episodio más de la lucha de esta cámara patronal contra la venta ilegal que tiene, en las saladitas y los manteros, el principal foco de conflicto. «Lo de los talleres no es más que una parte más de una cadena de ilegalidades que culmina en la red de distribución y venta ilegal de todo tipo de productos», denuncia Vicente Lourenzo, secretario general de CAME.
La patronal alega que el número de puntos de venta ilegales ha crecido exponencialmente en todo el país. Según datos publicados por CAME, en la actualidad hay 74.150 puestos que incluyen las 565 saladitas detectadas (en 124 ciudades) y a los manteros. El estudio revela que las ventas ilegales de marzo de 2015 ascendieron a 3638 millones de pesos, una cifra que crece y que, adelanta Lourenzo, puede alcanzar los 50 mil millones anuales en 2015. «No es una tontería; estamos hablando de casi un uno por ciento del PBI», expone. Tomando como base las cifras de la CAME, sólo en IVA e ingresos brutos, se fugan unos 900 millones de pesos al mes. «A esto hay que añadir cargas salariales, Impuesto a las Ganancias y otras tasas», adenda el secretario general de la patronal.
Y otra vez aparecen las mismas variables: salarios e impuestos. Un binomio que incide directamente en el precio de prendas, calzados, complementos, juguetes… «En jornadas especiales como el Día del Niño o el Día de la Madre, el descenso en las ventas puede llegar al 60%», explica Lourenzo, que indica que la diferencia de precio entre la tienda legal y el puesto de venta clandestino puede superar el 50% para artículos similares o, incluso, idénticos. «Y más allá de esto, la imagen del comerciante legal queda por los suelos, como si fuera un ladrón. Pero hay que pagar los sueldos, los impuestos, los aportes…».
MÁS ALLÁ DE LOS PUESTOS CALLEJEROS. Pero la realidad va mucho más allá de tenderetes, saladas o puestos de fortuna en la calle Avellaneda u Once. «Estamos ante una realidad compleja que supera el ámbito de los manteros o de lugares como La Salada. El trabajo esclavo también abastece a los centros comerciales a través de grandes marcas», asegura Ezequiel Conde. En este sentido, el representante de La Alameda recordó que esta fundación ha denunciado ante la justicia a más de un centenar de importantes firmas textiles que utilizan trabajo esclavo. «Las causas están en el juzgado federal durmiendo el sueño de los justos porque hay una complicidad absoluta por parte de la justicia y la política que permite la vinculación de grandes marcas a estos talleres ilegales para la maximización de ganancias», se lamenta Conde.
Hace unos días el jefe de Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Mauricio Macri, achacaba que la persistencia de este tipo de factorías ilegales responde a la propia dinámica del mercado. «Es un tema muy traumático, que es que ante la falta de trabajo y en muchos casos, combinando con la inmigración ilegal, hay gente que abusa y les da trabajo en condiciones inhumanas sin respetar las leyes locales y en forma clandestina. Sistemáticamente, recibimos denuncias que atendemos como nunca se atendieron antes. El año pasado hicimos 6000 inspecciones, una cifra impensada, inimaginable. Pero es complejo porque finalmente en la desesperación la gente se agarra de estos trabajos y encima se enoja con uno cuando va y los clausura», declaró a Radio Mitre.
Sin embargo, los informes elaborados por la Auditoría General de la Ciudad de Buenos Aires no ratifican ese esfuerzo que, según el intendente del PRO, se viene realizando para acabar con esta realidad. En el año 2011, se destinaron 986.498 pesos al control del cumplimiento de la normativa laboral a través de la Dirección General de Protección del Trabajo de la Capital. En 2013 la cifra se había reducido a 606.225. Pero lo realmente preocupante es que el órgano auditor no pudo fiscalizar las actuaciones del Gobierno de la Ciudad debido a la recurrente falta de documentación y la dilatación de los procedimientos de estudio, fiscalización y sanción.
Para Cecilia Segura, Presidenta de la Auditoria General de la Ciudad de Buenos Aires, «el control de los incumplimientos no pueden ser efectivos si la dirección que los tiene a cargo no dispone del personal necesario, las multas mantienen su valor desde 1999 y su aplicación tiene una demora de hasta dos años y medio».
Para analizar la «contundencia fiscalizadora» ante la realidad de los talleres ilegales hay que recurrir a estudios anteriores. Según la auditoría de 2011 (sobre 2010) el 87,82% de las multas impuestas no se cobró y el 2,98 sólo se pagó de manera parcial. Además, la falta de reglamentación de la Ley 3019 obligó a hacer las 59 actuaciones del año bajo legislación anterior, lo que suavizó la fiscalización y las sanciones.
Además, la funcionaria explicó que «la mejor manera de preservar los puestos de trabajo es generar condiciones de seguridad, higiene e infraestructura adecuadas en los talleres existentes. Hace seis años que Macri no reglamenta la Ley 3019, a pesar de que la Auditoría le indicó que debía hacerlo de forma urgente. Para que los talleres textiles dejen de funcionar clandestinamente, el Estado debe controlar y ofrecer el apoyo necesario para que las personas puedan trabajar dignamente, sin exponer su salud y sus vidas.» concluyó la presidenta de la AGCBA.
Un «secreto a voces»
La muerte de dos menores en el incendio de un taller ilegal en el barrio de Flores ha devuelto a la actualidad el submundo de la servidumbre en la que viven miles de personas. Según la Fundación Alameda, se trabaja a destajo en unos 3000 talleres clandestinos que se concentran en la zona sur de la capital con jornadas laborales de 16 o 18 horas, sueldos de miseria y condiciones higiénicas y de seguridad ínfimas. Sobre el mapa digital de la Ciudad de Buenos Aires se apelotonan 134 botones rojos que corresponden a otros tantos talleres denunciados por esta organización. Factorías infames que abastecen a los mercados informales pero también a marcas de reconocido prestigio entre las que, según la Fundación, se encuentran varias vinculadas a la familia de la esposa del intendente Macri.
«El Estado cuenta con la infraestructura de inteligencia para saber quiénes son los responsables, cuáles son los canales, cuáles son las redes de distribución y venta: pero hay mucho más de fondo. Hay dinero que sirve para pagar sobresueldos a la policía o para pagar campañas políticas», denuncia, desde la CAME, Vicente Lourenzo. El problema de fondo es lo que Ezequiel Conde denomina como «el círculo de la codicia». «Las grandes marcas sólo quieren pagar en torno a un tres o un cuatro por ciento del precio de venta final a los proveedores. Y entonces, empresas pantalla tercializan ese trabajo a talleres que usan mano de obra esclava.» El entramado político y judicial, denuncia La Alameda, se encarga de que el problema no pase de ser un secreto a voces.
Fuente: Infonews