Continúan las repercusiones por la decisión del Gobierno nacional de cerrar Vialidad Nacional, el organismo encargado del mantenimiento y la ejecución de obras en rutas nacionales. La medida generó rechazos de los más amplios, que van desde los sectores empresariales, de la construcción y de trabajadores, los cuales marcan que la medida puede tener importantes consecuencias en términos de seguridad vial.
Eduardo Palomo, secretario general del Sindicato de Personal de Vialidad Nacional, marcó que «estamos pasando por una semana muy compleja, continuamente en asambleas tratando de resolver las presentaciones jurídicas que están llevando a cabo nuestros abogados ante la Justicia, y ver qué medidas tomamos para con este decreto. Hay una intención adrede de entorpecer todo por parte del Gobierno, ya que el decreto no es claro en cuanto a qué representa la medida. Vialidad Nacional tiene 40.000 kilómetros de ruta, y ellos piensan licitar solo los 10.000 que son redituables para el empresario que las tome, implicando cabinas de peaje para usufructuar sus ganancias. Qué pasará con los 30.000 kilómetros que no son rentables es la gran pregunta que nos hacemos».
«El Gobierno afirma que Vialidad Nacional se cierra por un tema de corrupción; somos un organismo que tiene 93 años, toda una historia de trabajadores que hicieron grandes esfuerzos, muchos dando su vida para abrir rutas y comunicar pueblos y ciudades» Eduardo Palomo.
En términos de la situación de sus trabajadores, el dirigente planteó que «mas allá de la reestructuración, es importante dejar en claro que echar gente de la administración pública es dejar de contar con quienes redactan las bases y condiciones de las licitaciones, quienes se suben a cortar el pasto, o el que va a hacer bacheos en las rutas. No sabemos cuántos trabajadores quedarán en pie una vez que se empiece a aplicar esta nueva estructura. Entendemos que habrá despidos, algo que en Bahía Blanca ya hubo con los trabajadores que habían ingresado el ultimo año de la gestión anterior. Incluso eso tampoco lo cumplieron, porque echaron compañeros con más de 5 años de antigüedad. Se trató de despidos arbitrarios y sin justificación, porque la mayoría era mano de obra».
Por último, Palomo afirmó que «la capacidad de nuestras cuadrillas se vio dañada luego de la inundación, además porque se despidió mano de obra. Pudimos recuperar solo un par de los trabajadores despedidos, y el resto quedó en la nada. Al no ser tantos trabajadores, solo unos pocos despidos terminan complicando las actividades que tenemos que llevar adelante. Tener poco personal nos complica desde lo operativo, no teniendo el 100% de la capacidad para dar soluciones de emergencia como en la Ruta 35 tras la inundación. Todos queremos tener listos al Canal Maldonado, el Cholo y la Ruta 35, pero sin recursos, poco personal y cada vez más burocracia a la hora de dar soluciones es imposible».