Luego de varios meses de discusión entre las organizaciones sociales y los funcionarios del Ministerio de Desarrollo Social, esta semana casi 60.000 trabajadores de la economía popular percibirán por primera vez el Salario Social Complementario, una herramienta creada en diciembre pasado por la ley de Emergencia Social. Esta ayuda económica será de $4.030 y se financiará con los primeros $5.000 millones liberados por el Gobierno del presupuesto de $30.000 destinado a tal fin.
El monto con el que debuta el Salario Social Complementario es de $4.030 porque equivale al 50% del Salario Mínimo Vital y Móvil (SMVM), que actualmente es de $8.060. La ley establece su movilidad automática, atada a las variaciones del SMVM, dado que estableció allí “un punto de unidad de la clase trabajadora”.
El Salario Social Complementario no es compatible con otros programas del Estado, con excepción de la Asignación Universal con Hijo y –según explicaron a este diario desde la CTEP– algunos programas municipales “que son inviables o pagan muy poquito”. Los que se verán alcanzados por los beneficios de la ley de Emergencia Social son personas que o bien nunca percibieron un plan social o bien renunciaron a esa ayuda.
La ley destina $25.000 millones desde el 2017 hasta 2019 para promover los derechos de los trabajadores de la economía popular y habilita la posibilidad de disponer de $5.000 millones más en caso de que sea necesario. Es decir, son $10.000 millones por año, dinero que se suma a lo asignado por la Ley de Presupuesto. Esta semana, y pasados casi cinco meses de la aprobación de la ley y a dos de su reglamentación, el Gobierno comenzó a disponer de esos fondos. Liberó los primeros $5.000 millones, y en esta primera instancia serán casi 60.000 trabajadores los que comenzarán a cobrar el Salario Social Complementario. Le Ley de Emergencia Social surgió de un debate promovido por organizaciones sociales, con la Confederación de Trabajadores de la Economía Popular (CTEP), la Corriente Clasista y Combativa (CCC) y Barrios de Pie a la cabeza. La iniciativa fue abrazada por varios bloques de la oposición y apoyada a último momento por los funcionarios de Cambiemos, que quisieron garantizar la culminación pacífica del primer año de su gobierno. El 14 de diciembre la ley fue sancionada en el el Congreso con el respaldo de todas las bancadas, a excepción del Frente de Izquierda, que se abstuvo durante la votación. La reglamentación llegó recién el 10 de marzo de este año, luego de que las organizaciones volvieran a manifestarse en la calle en reclamo de mayor celeridad.
La norma dispuso una serie de herramientas que contribuyeron no sólo a respaldar económicamente, sino también a institucionalizar la tarea de los trabajadores de la economía popular. Aquellos que, como suelen definir desde las organizaciones sociales, “se inventan” su sustento, como por ejemplo cartoneros o productores de la agricultura familiar.
Uno de los elementos creados por la ley es el Registro Nacional de la Economía Popular (RENATREP) en el que deben inscribirse todos los trabajadores como requisito para percibir el Salario Social Complementario, así como un consejo (integrado por funcionarios del Gobierno y representantes de las organizaciones sociales) encargado de instrumentarlo. En el registro ya hay casi 300.000 anotados, y el presupuesto debería alcanzar para llegar a los 600.000. Según los cálculos de las organizaciones sociales, en el país hay casi 3 millones de personas que trabajan dentro de la economía popular.
Fuente: eleconomista.com.ar