La presidenta Cristina Fernández de Kirchner acató el reciente fallo de la Corte Suprema de Justicia que ordena a la Nación devolverles a las provincias de Santa Fe, Córdoba y San Luis el 15% de los fondos de la coparticipación, auque advirtió que cumplir con la decisión del máximo tribunal podría derivar en el desfinanciamiento de la Anses.
En el decreto 2635/2015, publicado hoy en el Boletin Oficial con su firma y la de todo su gabinete, la Presidenta aclara que «del modo en que han sido dictadas, sus implicancias más temprano que tarde, se deben extender al conjunto de todas las provincias y a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires» y ello producirá «un drástico cambio en el reparto de la coparticipación y una brusca disminución de los ingresos para la seguridad social, afectando incluso los índices de movilidad jubilatoria, la asistencia a las cajas de regímenes no transferidos, condicionando de ese modo a la totalidad del sistema provisional de reparto y a las prestaciones de la seguridad social».
En ese sentido, recuerda que el financiamiento de la Anses se estructuró por los sucesivos acuerdos celebrados por el Estado Nacional, las Provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en materia de previsión social en todo el territorio nacional y que «el Sistema Previsional Argentino se financia en un quince por ciento (15%) con los fondos provenientes de la masa de recursos coparticipables» y se utilizan para «afrontar las cajas provinciales transferidas, la asistencia a las cajas provinciales no transferidas y a otras prestaciones de la seguridad social»
Por eso, advierte: «La percepción del 15% de la masa de recursos brutos coparticipables por parte de la Anses proyectada para el año 2015, asciende a la suma de $98.182 millones sobre un total de $638.664 millones, representando un 15% de los recursos totales del organismo, poniéndose de manifiesto con lo expuesto la magnitud de la incidencia de los ingresos involucrados».
Si bien aclara que cumplirá el fallo «aun cuando no comparta su contenido», el decreto precisa que ese cumplimiento «trae aparejado dos consecuencias inexorables, desde lo jurídico y desde lo económico, ya que sólo resolvió sobre tres casos concretos».
«Desde lo jurídico colocan en situación de desigualdad al resto de las Provincias y a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, produciendo una palmaria inequidad entre los Estados Provinciales, contrario al más elemental principio de igualdad ante la justicia», precisa, y agrega: «Desde lo económico: de no preverse una decisión rápida que impida la continuidad de la detracción declarada inconstitucional, se incrementarían los montos adeudados con más sus intereses al resto de las Provincias y la Ciudad de Buenos Aires, generando una sustancial y profunda modificación en el régimen de coparticipación federal de impuestos, ocasionando a la vez el desfinanciamiento de la Anses».
Fuente: Infonews