Correo-Gate: Avance de Lijo y reseteo del acuerdo comercial

COMO ADELANTÓ ÁMBITO FINANCIERO, JUEZ DISPUSO OPERATIVO EN MINISTERIO DE COMUNICACIONES
Cámara en lo Comercial fijó nueva audiencia para el 16-3, luego de planteos simultáneos del Gobierno y de SOCMA para frenar el trámite de homologación. Quieren que los Macri desistan de contra juicios.

El Correo-Gate continuó ayer ocupando la centralidad de la actividad judicial en múltiples frentes y con movimientos tanto del juez federal Ariel Lijo, como del Gobierno en su intento por dar de baja el acuerdo con el Correo Argentino SA, en medio de una tormenta política. A ello se le sumó que el Grupo Macri ahora pidió a la Justicia comercial una “salida razonable” al entuerto, mientras que la Procuración del Tesoro arremetió sobre las contrademandas que inició la familia presidencial con el objetivo de declararlas caducas. En el medio, la Cámara Nacional en lo Comercial -que debe decidir si homologa o no la negociación-, le tiró un salvavidas al Ejecutivo y convocó a una nueva audiencia entre las partes para facilitar el reseteo de la situación, con invitación extensiva a la fiscal Gabriela Boquín, quien hizo detonar el escándalo con su negativa a avalar lo firmado.

Tal como adelantó Ámbito Financiero en su edición de ayer, Lijo avanzó en la investigación penal contra Mauricio Macri luego de concentrar todas las denuncias vinculadas al Correo-Gate pero rechazó aplicar el secreto de sumario. Lo primero que hizo fue un operativo en horas de la tarde en el Ministerio de Comunicaciones que dirige Oscar Aguad, imputado en el expediente. En la “orden de presentación” con facultades de allanamiento, el juez requirió que en un plazo de 24 horas informe todos los antecedentes y proyectos que hubo en esa cartera en el marco del acuerdo preventivo sellado el 28 de junio de 2016. Lijo le encargó la misión a una comisión de Gendarmería Nacional que se desplegó en el piso 19 del edificio que ese Ministerio comparte con el Enacom, frente a la Legislatura porteña. Entre las medidas que el magistrado dosificó también se encuentra la designación (transitoria por 180 días) de Juan Manuel Mocoroa al frente de Asuntos Jurídicos y los antecedentes de su legajo. Además, pidió a la Justicia comercial los hitos de la causa Correo y sumó oficios a la Auditoría General de la Nación y a la Procuración del Tesoro para que aporten el contexto de demandas y contrademandas históricas. Lo mismo que las opiniones que brindaron en su momento la fiscalía, la Sindicatura General de la Nación; y los síndicos controlantes y verificantes. Caratulada tentativamente como “negociaciones incompatibles”, la causa ofrece nubarrones para el Ejecutivo y su intención de “foja cero”: para el magistrado es indistinto si el acuerdo se consumó finalmente o no. Analizará si existió intención de Macri de beneficiar a sus propios familiares, y se es posible rastrear una orden presidencial en esa dirección, a través de la cadena de mandos involucrada.

Audiencia

La Cámara Comercial convocó para el próximo 16 de marzo a las 11 horas a nueva audiencia entre el Estado y el Correo Argentino como subterfugio a las nuevas presentaciones que las partes radicaron ayer. El Gobierno interpuso un pedido para dejar sin efecto el acuerdo que había firmado. Correo Argentino residual también presentó a través de su presidente Jaime Cibils Robirosa, un escrito en el que pidió la celebración de una audiencia pública “a los efectos de tratar de encontrar de buena fe y en conjunto, una salida razonable a este largo proceso concursal” que lleve a “una solución justa y equitativa para todos los interesados”. Fue una muestra de sincronía con el Ejecutivo que abrió la puerta para que la Sala B resetee la inédita vuelta atrás.

Macri contrademanda

La Procuración del Tesoro, en representación del Estado formalizó ayer una denominada “caducidad de instancia” para hacer caer la contrademanda que el Grupo Macri planteó contra el Estado en el fuero Contencioso Administrativo Federal. Ese reclamo por $2.300 millones había sido radicado el año pasado, y la fiscal Boquín lo había calificado como de “mala fe procesal” porque no fue notificado dentro de la demanda global. Si el planteo de la oficina que conduce Carlos Balbín tiene éxito, podría declararse la prescripción de una demanda por daños y perjuicios que no tuvo movimientos en los últimos seis meses. El abogado que representa a la sociedad residual afirmó que si los hermanos y los hijos del Presidente están de acuerdo se podrían retirar las contrademandas, cuya exclusión del acuerdo inicial había sido objeto de cuestionamientos.

Fuente: ambito.com

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