Consumo problemático: una mirada desde la Salud Mental

Durante la tarde del miércoles el Ministerio de Salud de la Provincia de Buenos Aires emitió un «alerta epidemiológica» por varios casos de intoxicación con cocaína adulterada reportados en distritos del AMBA. Más de veinte personas son las fallecidas y 49 continuaban internadas este jueves en hospitales de distintos partidos bonaerenses, mientras que las consultas realizadas esta madrugada fueron en su mayoría de casos leves, informó el Ministerio de Salud bonaerense.

Según el último reporte de la cartera sanitaria, “los ingresos y consultas al sistema de salud fueron en su mayoría casos leves que quedaron en observación y no se requirió interconsulta con el Centro Provincial de Toxicología”, mientras que los síntomas que presentaron fueron “alteración del estado de conciencia, vómitos, mareos y cefalea”.

El episodio generó un debate en medios y redes sociales respecto al abordaje del consumo problemático y los conflictos que implica la ilegalidad de las drogas y la mirada punitiva sobre las personas que consumen. Sin embargo, se destaca en este caso la reacción por parte del Ministerio de Salud que demuestra un cambio en el paradigma de abordaje de este tipo de situaciones.

Al margen de la discusión sobre el rol del Estado desde el punto de vista de la seguridad o la legislación, es interesante repasar los aportes y políticas públicas del campo de la Salud Mental sobre las formas de intervenir en el consumo problemático y analizar el panorama en Bahía Blanca: ¿Qué herramientas y estrategias se despliegan a nivel local para abordar la problemática? ¿Cuáles son los dispositivos que se encargan de la prevención y los tratamientos?

En el Hospital Municipal de nuestra ciudad, durante el año, se interna a una persona por día en estado grave por coma alcohólico y/o por consumo de cocaína. Esta última sustancia es la segunda causa de internaciones por intoxicación en la institución. 

Según el jefe de la Unidad Preventivo Asistencial de la Secretaría de Salud municipal, Hugo Kern, «hay una red pública bastante importante con un sistema provincial de atención, con una comunidad terapéutica en la localidad de Punta Alta y con un Centro de Atención Provincial y un programa municipal que tiene presencia en casi todos los barrios de Bahía Blanca».

En este sentido, también se destaca el trabajo de prevención y atención de personas con problemáticas de adicción y salud mental del CPA (Centro Provincial de Atención en Salud Mental y Adicciones) que depende de la Dirección Provincial. Alrededor de 60 personas pasan por la institución con cede local que busca trabajar con tratamientos interdisciplinarios y diversas actividades de contención. Algo importante para entender a la atención integral es que los abordajes no se realizan únicamente sobre la problemática de la adicción si no que se tienen en cuenta diversos factores problemáticos para la salud mental en la vida de las personas.

«En relación a las problemáticas vinculadas a los consumos a nosotros nos parece importante despegarlos de las sustancias ya que muchas veces estos conflictos pueden estar ligados a información excesiva, vínculos tóxicos, jornadas laborales nocivas, exceso en el uso de las pantallas y una larga lista de situaciones problemáticas. El CPA trabaja con este tipo de situaciones desde hace más de 15 años en nuestra ciudad pasando por diversos momentos en relación a la propuesta terapéutica», indicó Leonardo Salerno, licenciado en psicología e integrante del equipo del CPA.

«Son alrededor de 60 personas las que concurren semana a semana a nuestra institución buscando en la inmensa mayoría de las situaciones un lugar de escucha y pertenencia libre de prejuicios y estigmas».

Además Salerno señaló que «trabajamos con personas de todas las clases sociales, con problemas con la ley, familias disfuncionales, ausencia de proyectos de vida, situaciones de violencia de género e infantil. Para ello planteamos un abordaje integral, interdisciplinario e intersectorial. Partimos de la base que las personas que se acercan se sienten muy solas, en contextos que no ayudan a integrar si no los dejan afuera. Como última instancia en esta propuesta contamos con la posibilidad de una internación abierta en casos que son evaluados interdisciplinariamente y de esa evaluación surge la necesidad de poner una pausa en el cotidiano de la persona ya que el contexto no está acompañando».

Uno de los instrumentos legales que funcionan como base para el abordaje del consumo problemático es la Ley de Salud Mental (n°26.657) sancionada en el año 2010 que incluye a las adicciones como parte integrante de las políticas de salud mental. Sobre la aplicación de la ley en Bahía Blanca, Jorge Moyano, jefe de Unidad Hospital de Día del Hospital Penna, expresó: «Sigue estando pendiente que mucho de los equipos que trabajamos en salud mental pongamos nuestra mirada en aquellas personas que viven en la comunidad, se vive una gran resistencia desde los profesionales de la salud y desde el interior de los hospitales en poder abordar las problemáticas», y agregó que «todos sabemos que ninguna ley puede ser cumplida en su totalidad, de hecho la ley funciona precisamente como marco regulatorio porque hay cuestiones que no pueden ser cumplidas in situ en la vida social. Existen dificultades en las instituciones y los organismos de atención, para que se desarrollen políticas intersectoriales en las cuales el trabajo, la vivienda, el acceso al mercado laboral, el acceso a determinados derechos que otras personas tienen también los tengan las personas con padecimiento mental severo».

Hugo Kern reforzó la idea: «En los hospitales hay una tendencia muy fuerte a excluir y dejar de lado a los usuarios de drogas, como si tuvieran que ser atendidos en otro lugar y en otro espacio que no existe. Recursos hay, lo que tenemos que trabajar fuertemente es la capacitación«. Sin embargo, Leonardo Salerno, también comentó que, más allá de las complicaciones para su aplicación, la ley de Salud Mental vino a cambiar los paradigmas en los modos de atender a los pacientes como sujetos de derechos y puso en agenda la responsabilidad del Estado en estas problemáticas. 

Es sabido el rol fundamental de las organizaciones sociales en los espacios a los que el Estado no llega, cubriendo esas ausencias o haciendo extensiones de los dispositivos públicos. Vanesa Troncoso es operadora socioterapeutica en adicciones y preside «La Misión», una de las organizaciones locales que se dedica a la prevención, asistencia y capacitación en problemáticas sociales relacionadas a las adicciones: «Es muy importante poder encuadrar al consumo problemático como una cuestión de salud mental entendido desde un contexto comunitario y una perspectiva de derecho. En muchas de las situaciones que nos toca acompañar en lo cotidiano tienen que ver con poder alejar la mirada desde el punto de vista de la sustancia y poder abordar la situación desde lo que le pasa a la persona. También tenemos grupos en los que participan las familias de estas personas y nos parece sumamente enriquecedor tener esta mirada integral porque las personas no están solas en un contexto sociocomunitario, tener referencias de una red de cuidado y lograr diseñarla con ellos como protagonistas de esa red es necesario», explicó y agregó que «en muchos casos cuando se acercan a la ONG las personas no cuentan con esa red o no son conscientes de su presencia, y ahí es fundamental el rol de las organizaciones de los referentes sociales, las ONG que brindan una contención desde lo territorial».

En términos generales la falta de capacitación y de presupuesto funcionan como elementos que impiden el pleno cumplimiento de la ley de salud mental. Sin embargo, es importante reconocer el recorrido y la agenda de la «red pública» de  instituciones locales que trabajan con adicciones desde la salud mental. Para solicitar información a alguna de ellas comunicarse con:

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