El juez Martín Porto dispuso la preventiva para Darío Badaracco, principal acusado por el femicidio de Araceli Fulles. También para su hermano Hernán, y otros tres hombres. La Bonaerense queda fuera de la lupa de la fiscalía.
Cinco de los ocho acusados por el crimen de Araceli Fulles, la joven violada y enterrada en la localidad bonaerense de José León Suárez, quedaron detenidos con prisión preventiva. Así lo dispuso Martín Porto, juez de Garantías I de San Martín, quien imputó al principal sospechoso, Darío Badaracco, y a cuatro hombres cercanos a él, por el delito de “homicidio agravado por femicidio y por la participación de dos o más personas”. En cambio, Emanuel y Jonathan Ávalos, hermanos de un policía de la Bonaerense e implicados en el caso, corrieron con distinta suerte y esperarán en libertad el avance de la investigación. “La fiscalía volvió a achicar el cerco y apuntó solo contra algunos sospechosos”, indicó a PáginaI12 Verónica Molina, abogada de la familia de Araceli.
A cuarenta días de que los perros entrenados por los Bomberos de Punta Alta encontraran el cuerpo enterrado de Araceli en el fondo de una casa del barrio de San Martín (algo que la Bonaerense no pudo detectar en allanamientos previos), el juez Porto estableció que el dueño de aquella vivienda, Darío Badaracco, continúe detenido al dictarle la prisión preventiva bajo el delito de homicidio agravado por femicidio. A su vez, el hermano de Darío, Hernán Badaracco, Carlos Cassalz, dueño del corralón donde trabajaba el principal sospechoso, y dos empleados de aquel lugar también seguirán presos, de acuerdo con la disposición del magistrado.
Sin embargo, la polémica se desató por los otros tres imputados por el femicidio de la joven de 22 años. El 26 de mayo Graciela López Pereyra, fiscal encargada del caso, había pedido la falta de mérito para Marcos Ibarra y los hermanos Ávalos, acusados también del crimen. En aquel entonces, la fiscal aseguró que no había ninguna prueba que vincule a los tres acusados con el hecho. “López Pereya se olvidó, por caso, que uno de los Ávalos (Emanuel) era íntimo amigo de Araceli y fue una de las últimas personas que la vio con vida. Incluso, en su declaración, aseguró que al momento que la víctima fue asesinada, él había sufrido un accidente y por 24 horas estuvo internado en terapia intensiva. Luego se recuperó en tiempo record”, sostuvo Molina.
El juez Porta no dio lugar al pedido de la fiscal ya que mantuvo la imputación tanto para Ibarra como para los hermanos Ávalos, aunque con un pequeño detalle: los liberó al no decretar la prisión preventiva. Es decir, el magistrado no consideró ningún peligro de fuga o entorpecimiento de la investigación por parte de los tres implicados. La pregunta que se hizo, varias veces, la propia familia de Araceli es si Porta no vio (o no quiso ver) que Jonathan y Emanuel son hermanos del oficial Elián Ávalos, desafectado de la Policía Bonaerense justamente por encubrir pruebas en el femicidio. Por eso mismo, Molina aseguró que apelarán el fallo del juez, ya que la situación de los hermanos Ávalos “con todas estas pruebas, es al menos, dudosa”.
Este cuestionamiento a la fiscalía, cuenta la abogada de la familia, no es ninguna novedad. Además de las críticas al momento de la búsqueda de Araceli (“hubo rastrillajes inexistentes de la Bonaerense y nunca se pidió un asesoramiento de las unidades especializadas en violencia de género”, relató Molina) la letrada asegura que el expediente se estancó en el despacho de López Pereyra. “Pero, por sobre todo, se dio luz verde para que los ADN extraídos del cuerpo de Araceli quedaran en manos de la Policía Científica local, la misma que está siendo investigada por Asuntos Internos por las irregularidades que tuvo en todo este caso”, dijo la abogada.
Por su parte, además de desafectar a Ávalos, un vocero del Ministerio de Seguridad bonaerense confirmó a este diario que el subcomisario de la comisaría 8ª de San Martín, Hernán Humbert, y el comisario de la seccional 5ª de Billinghurst, José Herlein, también fueron expulsados de la fuerza de seguridad. En ambos casos, cayeron sobre sus cabezas las acusaciones de “incumplimiento de deberes, el no debido cuidado de pruebas secuestradas y no haber comunicado avances a la justicia”, informó el vocero.
Desde que la joven de 22 años fue denunciada como desaparecida, el 2 de abril, la Bonaerense difundió decenas de imágenes y videos de rastrillajes en los barrios de José León Suárez y San Martín. Veinticinco días más tarde, en una casa ubicada en la Alfonsina Storni 4477 –previamente allanada por la Bonaerense– uniformados de la Policía Científica en conjunto con un grupo de Bomberos de Punta Alta encontraron el cuerpo de Araceli tapado con escombros y cal.
“Pusimos la defensa bajo la órbita de la Comisión Provincial por la Memoria para hacer énfasis en este caso de violencia institucional, donde la fiscalía prioriza solo una línea de investigación. Hay un sector del Poder Judicial que desprecia estos casos de femicidio, con chicas que viven en barrios humildes. En estos episodios, la Justicia siempre actúa lento”, dijo Molina.