La CGT retomó su agenda tras varias semanas de receso y puso la lupa en el PAMI. Las señales desde el Gobierno de que apuntará al déficit cero en la principal prestadora del país encendieron alarmas y guiaron la atención por encima de otros ítems, como el Consejo del Salario convocado para el 27 de junio. Si bien los funcionarios aclararon que ningún ajuste no tendrá impacto sobre las obras sociales, los dirigentes iniciaron contactos con los responsables del área para prevenirse.
En las áreas técnicas de la central sindical explicaron que el peso del PAMI sobre todo el sistema de salud -que completan las obras sociales y las empresas de medicina privada- motivó la preocupación frente a un eventual recorte de presupuesto para equilibrar las cuentas del organismo. Es que a pesar de ser entidades diferenciadas, la obra social de los jubilados está ligada a las prestadoras gremiales en varios planos.
El mayor vínculo pasa por los afiliados del PAMI que optaron por atenderse en sus obras sociales de origen. En esos casos las prestadoras sindicales perciben por cada beneficiario una compensación de 192 pesos que en todo el sector reconocen que es exigua frente a las demandas sanitarias de ese sector. Meses atrás el propio extitular del PAMI Carlos Regazzoni había reconocido que cada afiliado tenía un gasto promedio mensual de 450 pesos sólo en medicamentos.
La sola mención de un posible ajuste en el PAMI hizo temer a los gremialistas de que naufragase una gestión pendiente de actualizar esas cápitas a valores de mercado. En las áreas de salud del Gobierno relacionadas con las obras sociales descartaron que la revisión de presupuesto en la obra social de los jubilados pudiese afectar el financiamiento global del sistema, dependiente en gran medida de su principal actor.
Otro abordaje de esa preocupación es el rol del PAMI como consumidor de prestaciones por parte del sector asistencial privado, tanto de clínicas como de sanatorios, centros sin internación y geriátricos, además del rubro de laboratorios. Sobre ese punto, que inquieta tanto al sindicato de Sanidad como a los empresarios de esos sectores, en Salud explicaron que el objetivo es sanear los mecanismos de compras para hacerlos más efectivos pero sin reducir las prestaciones. Es el compromiso que asumió Sergio Casinotti, nuevo mandamás de la obra social de pasivos.
Por lo demás, la CGT deberá rearmar su ritmo de encuentros internos con vistas a la reunión del Consejo del Salario. Ayer el portuario Juan Carlos Schmid, miembro del triunvirato de líderes, avisó que la central no debería pedir menos de 15 mil pesos como base salarial, lo que implicaría un aumento del 86 por ciento. El propio dirigente aceptó que se trata de «una línea de referencia» que después quedará sujeta a negociaciones. En la cúpula de la CGT, en cambio, dan por sentado que el debate oscilará entre el 20% de aumento que promueve el Gobierno y el 25% que alientan algunos sectores de la organización, tal como adelantó este diario.
Fuente: ambito.com