La diputada insultó a opositores por sus críticas a un proyecto del oficialismo. Nueva prórroga a los desalojos de tierras.
Por unanimidad, los 217 diputados presentes convirtieron en ley la prórroga por 4 años de la ley 26.160 que suspende los desalojos en tierras habitadas por comunidades indígenas, después de extenso debate. La ley de Responsabilidad Penal Empresaria que impulsó el oficialismo y que penaliza a las personas jurídicas por hechos de corrupción, con prerrogativas para las empresas que “colaboren” con la Justicia para evitar sanciones económica, recogió 144 votos a favor, 6 en contra y 31 abstenciones, estas últimas del FpV-PJ. “Estoy harta de este progresismo estúpido” bramó Elisa Carrió y le dijo “estúpida” a Margarita Stolbizer porque cuestionó un proyecto del oficialismo para la donación de alimentos a ONGs por parte de empresarios, lo que desató la indignación de toda la oposición que se levantó de sus bancas y dejó sin quórum la sesión.
Territorio
La prórroga de la ley que suspende los desalojos de territorios ocupados por comunidades aborígenes tuvo consenso, pero se transformó en otra batalla entre el oficialismo y el kirchnerismo. “Esperemos que esta sea la última prórroga, porque los pueblos originarios están esperando tener la certeza sobre sus derechos sobre las tierras que ocupan”, sostuvo el macrista Daniel Lipovetzky, que como presidente de la comisión de Legislación General arrancó el debate.
De acuerdo al Instituto de Asuntos Indígenas (INAI), hay 1532 comunidades indígenas identificadas en el Programa Nacional de Relevamiento Territorial Indígena, pero sólo 459 tienen el procedimiento culminado. Lipovetzky le atribuyó “el mayor retraso” en el relevamiento catastral a “las provincias que tienen mayor conflictividad territorial”. El también macrista Eduardo Amadeo afirmó que “los derechos de los pueblos originarios no se defienden con bombas molotov” y responsabilizó de la tardanza del relevamiento al “fracaso de la década perdida”.
Las réplicas no tardaron. El chubutense Santiago Igon (FpV-PJ), describió la acusación del oficialismo como “una falacia total”, recordó que el grueso de las escrituras otorgadas fueron durante los gobiernos kirchneristas y se refirió al “maltrato, vejación y opresión del Gobierno nacional sobre los pueblos originarios”. El neuquino Darío Martínez (FpV-PJ) sostuvo que el reclamo de las comunidades sirve para “evitar la extranjerización de la tierra”. Los distintos bloques opositores repartieron críticas a ambos sectores para diferenciarse. A la hora de votar, la prórroga se decidió por unanimidad.
Empresas en la mira
“Veníamos arrastrando un incumplimiento de más de 16 años”, arrancó la radical jujeña Gabriela Burgos, presidenta de la Comisión de Legislación Penal, para justificar el proyecto del Gobierno a pedido de la OCDE, la organización internacional que nuclea a 35 países. La nueva ley penalizará a las personas jurídicas que cometan los delitos de “cohecho, negociaciones incompatibles con la función pública, tráfico de influencias, enriquecimiento ilícito y falsificación de balances”. La acción penal prescribirá a los seis años del delito y la empresa podrá suscribir “acuerdos de colaboración” con la Justicia para brindar información a cambio de la reducción de ese castigo.
El FpV-PJ se abstuvo. El mendocino Guillermo Carmona recordó que su bancada se opuso al proyecto original que colocaba la negociación judicial con las empresas sospechadas en manos del Procurador del Tesoro, un puesto “designado por el Ejecutivo” y “ahora a cargo de un abogado de Macri”. Agregó que tras las modificaciones “estos acuerdos se van a realizar con un procurador precarizado”, de acuerdo al proyecto oficial que modifica la ley del Ministerio Público Fiscal.
El kirchnerista Rodolfo Tailhade criticó que la ley permita la eximición de la pena en ciertos casos para las empresas y le atribuyó esa decisión del Gobierno a la intención de “cerrar el círculo de impunidad” de compañías asociadas al presidente Macri. El proyecto fue acompañado por el Frente Renovador y el Bloque Justicialista. El FIT votó en contra.
Con los dos proyectos más importantes sancionados, Carrió pateó el tablero y en un arranque de ira insultó a la oposición en la discusión de un tema menor: la donación empresaria a una bolsa de alimentos para los sectores más humildes. Los cuestionamientos surgidos desde Progresistas desató la furia de la chaqueña: “Estoy harta de este progresismo estúpido” bramó Carrió y le dijo “estúpida” a Stolbizer antes de retirarse del recinto. La actitud provocó el rechazo de todo el arco opositor que se levantó de sus bancas dejando sin quórum al oficialismo.
Fuente: pagiina12.com.ar