El 3 de julio la Ministra de las Mujeres, Géneros y Diversidad, Elizabeth Gómez Alcorta, presentó el Plan contra las Violencias de Género, acompañada de su asesora Dora Barrancos y del Presidente de la Nación Alberto Fernández, en el marco la ley 26485 de Protección Integral para prevenir, sancionar y erradicar la Violencia contra las Mujeres. «Este plan hace un abordaje integral de las violencias, que incluye a todes y tiene el apoyo del ejecutivo y todos los ministerios», dijo en Total Normalidad Carolina Varsky, subsecretaria de Programas Especiales de la Secretaría contra las Violencias por Razones de Género del MMGyD
«Las diferencias o rupturas que tiene con planes anteriores es que incluye la perspectiva de género y diversidad”, es decir, que “no es únicamente para mujeres”. La Ley Nacional 26.743 de Identidad de Género, también rige los parámetros de la construcción de este Plan.
El Plan se constituye en torno a tres lineamientos estratégicos. En primera medida, las violencias extremas -femicidios, travesticidios y transfemicidios-, luego la dimensión cultural y estructural de las violencias por motivos de género y, también, la autonomía económica de las personas en situación de violencia. Sobre este último, explicó que “hay un montón de medidas en el Plan que tienden a que cada persona pueda tener herramientas para elegir un proyecto de vida”.
“Y, también nosotrxs incluimos una característica que tiene el Ministerio y que lo toma el Plan, que son las interseccionalidades. ¿Qué significa esto? Son las diferentes opresiones que tienen determinados colectivos sociales, por ejemplo, indígenas, trata de personas, migrantes, contexto de encierro. Entonces, el Estado también tiene que dar ciertas políticas específicas para estos colectivos. Esos son algunos de los ejes generales que hicieron una ruptura con los planes anteriores”.
Otro de los programas incluidos en el Plan es el de apoyo económico urgente, asistencia psicológica, social y jurídica para las familias y allegados a víctimas de femicidios, travesticidios y transfemicidios.
«Es una primera intervención a la familia con una prestación del Ministerio, articulando con organismos estatales. Se trata de una asignación económica excepcional: para sepelio, traslados, y de orientación y asesoramiento legal y psicológico» que se otorgará «dentro de 60 días ocurrido el hecho», explicó Varsky.
A diferencia de la Ley N°27.452 de Reparación Económica para niños, niñas y adolescentes hasta 21 años de edad y personas con discapacidad sin límite de edad (RENNYA) cuyas madres o personas a cargo hayan sido víctimas de femicidios u homicidios derivados de violencia de género o violencia intrafamiliar fue sancionada por el Congreso de la Nación en 2018 y reglamentada por el Decreto N°871/18. La subsecretaria, Carolina Varsky, explicó que «dicha Ley estipula una reparación económica para hijes de personas asesinadas en contextos de violencia familiar o de género, que requiere de una sentencia judicial de femicidio, este programa «no necesita» de un fallo judicial, «se pedirá un informe social».