TRIACA Y QUINTANA LE ENTREGARON AYER A LA MESA CHICA DE LA CENTRAL OBRERA UN BORRADOR DE PROYECTOS
El ambicioso plan incluye un blanqueo del trabajo en negro con poder de policía para los gremios, así como subsidios para contratación de nuevo personal y de beneficiarios de planes sociales y la vuelta de las pasantías.
El Gobierno comenzó ayer a sondear con la CGT la posibilidad de aplicar una amplia reforma de la legislación laboral por decreto. Con un guiño de la central obrera para explorar esa alternativa, el Ejecutivo montó un paquete que incluye: un blanqueo laboral con perdón de multas y la eventual cesión a los sindicatos del poder de policía para tareas de fiscalización en las empresas; un nuevo esquema de pasantías o prácticas de formación profesional, que los dirigentes exigieron hacer bajo Convenios Colectivos de Trabajo; un mecanismo para incorporar hasta 300 mil beneficiarios de planes sociales en empleos formales, y subsidios para la contratación de nuevo personal.
La propuesta, cuyos ejes adelantó en varias notas este diario en las últimas semanas, fue detallada por el ministro de Trabajo, Jorge Triaca, y el vicejefe de Gabinete, Mario Quintana, a la cúpula de la central sindical durante un encuentro que se extendió hasta la noche en la sede del gremio de Sanidad. Los dirigentes pidieron a los funcionarios tiempo para analizar la iniciativa y someterla el 2 de febrero a debate en el Consejo Directivo de la organización. Además reclamaron darle prioridad a la atención de los despidos (violatorios de un acuerdo firmado en diciembre con el G6 en presencia del Gobierno) y de los perjuicios en la industria local por la apertura de las importaciones.
Medidas
En el encuentro de ayer sobrevoló la posibilidad de avanzar en el combo de medidas sin pasar necesariamente por el Congreso. Esa alternativa fue sugerida por los funcionarios y evaluada de manera dispar por los gremialistas. En la administración de Mauricio Macri le valoran a la CGT haber prestado a fin de año su colaboración para que se aprobara un proyecto de modificación del Impuesto a las Ganancias por consenso y esperan obtener un nuevo espaldarazo para las iniciativas en el campo laboral.
El borrador entregado ayer a la CGT gira sobre cuatro pilares. Uno de ellos es un amplio blanqueo laboral, tendiente a reducir la actual incidencia del trabajo no registrado, que oscila el 38 por ciento. Sobre este punto el Gobierno ofrecerá la condonación de multas para los empresarios que no hubiesen realizado aportes de ley a su personal. Los dirigentes reclamaron en este capítulo que los trabajadores beneficiados mantuviesen su antigüedad y otros derechos que les correspondieran. Como aliciente para los gremios la propuesta contiene facultades de fiscalización por parte de los sindicatos, algo por ahora reservado sólo al Gobierno nacional y las administraciones provinciales.
El segundo eje es la reinstauración de prácticas formativas en los ámbitos laborales. Los funcionarios insistieron una y otra vez en la necesidad de evitar el término «pasantías», de reminiscencias negativas en la historia reciente. La CGT planteó en este caso la necesidad de que cualquier ingresante bajo esta modalidad lo hiciera regido por el Convenio Colectivo de Trabajo de su actividad. Como parte de este ítem figura la creación de una Agencia de Talentos, que también adelantó este diario, y la chance para los gremios de participar del programa con sus propios centros de formación.
Otro capítulo apunta a la posibilidad de incorporar al mercado de trabajo a los actuales perceptores de planes sociales. Triaca y Quintana comentaron que el proyecto prevé que unos 320 mil beneficiarios de esos programas puedan entrar a trabajar a empresas y que parte de su salario sean los 4.000 pesos que actualmente el Estado les asigna como subsidio. La asistencia estatal para el empleador podría extenderse hasta por 18 meses.
Incentivos
Un último punto del borrador consiste en incentivos para la contratación de nuevo personal. Entre ellos, la posibilidad de una compensación estatal por hasta 2.000 pesos por cada nuevo contratado a los empresarios que incrementasen en un 10 por ciento su dotación. Dicho de otra forma, si una compañía tiene 100 empleados y toma diez más por esos trabajadores el Estado cubrirá hasta $2.000 de los aportes previsionales que irán destinados a la ANSES para evitar el desfinanciamiento del sistema.
Escucharon el plan los miembros del triunvirato de CGT, Héctor Daer, Juan Carlos Schmid y Carlos Acuña, junto con otros dirigentes de la conducción como Armando Cavalieri (Comercio), Rodolfo Daer (Alimentación), Francisco Gutiérrez (metalúrgicos), Mario Caligari (colectiveros), Omar Maturano (maquinistas ferroviarios), Jorge Sola (empleados del seguro) y Abel Frutos (panaderos). Daer le dijo a este diario que ninguna iniciativa podrá avanzar sin el aval previo de toda la CGT y planteó la necesidad antes de una acción del Estado contra los despidos. Gutiérrez fue uno de los que se mostró más inflexible y descartó la posibilidad de un avance de las iniciativas sin pasar por el Congreso.
Fuente: ambito.com