Belén Ferro Moreno integrante de la Red de Profesionales por el Derecho a Decidir

El Congreso comenzó a sesionar este jueves el proyecto de legalización del aborto. La jornada cuenta con 105 diputadxs en el recinto y 45 conectadxs de manera remota.  Un plenario de cuatro comisiones de la Cámara de Diputados emitió dictamen de mayoría a favor de la aprobación del proyecto de Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE), que contiene algunos cambios vinculados a la objeción de conciencia y el acompañamiento de los menores.

Hablamos con la médica Belén Ferro Moreno, de la Red de Profesionales por el Derecho a Decidir: “En Bahía Blanca somos aproximadamente 30 efectores de salud y trabajamos en 56 unidades sanitarias que están disponibles desde enero. Sin embargo, solo 15 cuentan con estos equipos para trabajar, así y todo atendimos alrededor de 23 casos al mes, y hemos tenido aproximadamente 200 este año”.

Así mismo, indicó: “En una primera instancia no teníamos medicación para el sistema público, pero hace un año y medio Región Sanitaria I empezó a brindar medicamentos para trabajar”.

“Hoy el 80% – 90% de las interrupciones se dan en atención primaria, los casos complicados o graves van directamente al Hospital Penna”, explicó la médica.

Por otra parte, mencionó que los datos de Provincia muestran que de enero a julio de este año se han realizado 5000 interrupciones legales del embarazo

En cuanto a los costos de los abortos ilegales, Belén Ferro Moreno contó que, “la plata que está gastando el Estado actualmente es por las complicaciones que tienen los tratamientos de interrupción del embarazo, mientras que esa práctica con medicamentos seguros tiene un valor de $8.500. Ahora, cuando hablamos de atender las consecuencias de los abortos inseguros, hablamos de un precio 10 veces mayor.  Entonces, lo que hoy se está pagando con nuestros impuestos, son las consecuencias de los abortos clandestinos”, concluyó.

 

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