Embanderados y bajo el sol, la columna de familiares de detenidos, militantes de distintas organizaciones sociales y ex detenidos marchó alrededor del Congreso de la Nación. El reclamo retumbó frente al Senado: “No queremos mano dura, no queremos represión, queremos para los pibes, trabajo y educación”.
El motivo de la manifestación fue repudiar el avance del Poder Legislativo sobre las garantías constitucionales de las personas privadas de su libertad ambulatoria. Ayer, las modificaciones a las ley 24.660 debían ser tratadas en la Cámara Alta, luego de su sanción en Diputados en noviembre pasado. Los proyectos troncales de los cambios en la ejecución de la pena de los detenidos fueron presentados por el radical Luis Petri y Mónica Litza del bloque Frente Renovador. Petri no es un improvisado: en 2012 logró imponer una nueva ley de ejecución penal en Mendoza. De este modo, la provincia cuyana se sumó a Buenos Aires, Misiones y Río Negro, que tienen su norma local y exceden, en imposiciones, a la normativa nacional.
El endurecimiento. La Ley 24.660 establece que la progresividad de la pena debe incluir cuatro períodos: observación, tratamiento, prueba y libertad condicional. La intención de la alianza Cambiemos-Frente Renovador es “endurecer” los requisitos que deben cumplir los detenidos para obtener su libertad.
“La lucha contra la criminalidad –consideró Petri en la presentación del proyecto en Diputados- es un tema que ha sido largamente debatido, no solamente en este Congreso por parte de diputados y senadores, sino que también ha existido un fuerte debate social respecto de la seguridad que queremos, y respecto de las medidas necesarias a la hora de combatir el delito y la violencia en nuestro país. El presente proyecto se nutre de esta rica discusión y retoma algunos de los puntos principales de la ley de ejecución de la pena sancionada en la Provincia de Mendoza en el año 2012”.
Y añadió: “No existe tratado ni normativa internacional alguna que obligue al Estado a que no se cumpla la sentencia privativa de la libertad de manera total en establecimientos cerrados, más aún cuando razones de política criminal lo ameritan. Muy por el contrario, los estados deben promover que el individuo que se encuentra privado de la libertad, porque equivocó el camino, porque optó por el camino de la delincuencia, cumpla su condena. Y debe ser el propio Estado, dentro de ese establecimiento penitenciario, quien -con todos los recursos humanos y materiales a su disposición- lo transforme y lo resocialice, lo haga internalizar valores”.
La iniciativa de los legislativos no fue bien recibida por la población penitenciaría. En la cárcel federal de Devoto, los internos iniciaron una huelga de hambre a principios de semana, medida que se replicó en otros penales. Pero no fueron los únicos en manifestar su malestar. Fuentes del Servicio Penitenciario Federal advirtieron a Tiempo que la medida “es una locura”.
“Instalan el tema en diciembre, mes que históricamente es el más complicado dentro de las cárceles. Parece que quieren que exploten los motines a lo largo y ancho del país. La falta de tacto político de este gobierno es alarmante” confiaron los voceros del SPF.
Por su parte, desde el Centro de Estudios en Política Criminal y Derechos Humanos (CEPOC), señalaron: “No se trata de que no nos gusten estas reformas porque ´solo´ pensamos en los derechos de los delincuentes, o porque no entendemos el dolor de las víctimas y sus familias. Somos defensores y defensoras de los derechos de todos/as: queremos vivir tranquilos/as, seguros/as, y apoyamos todas las alternativas que contribuyan a que esto sea posible. Pero sabemos que este tipo de reformas no sirve, no evita nuevas muertes ni nuevos delitos graves. Son sólo una manifestación de la venganza. Puede entenderse ese sentimiento en un familiar directo de una persona asesinada. Pero no puede entenderse, ni aceptarse, de parte de funcionarios públicos de cualquiera de los poderes, de cualquiera de nuestras provincias, o de la Nación”.
En este sentido, Rodrigo Díaz, presidente del Sindicato Único de Trabajadores Privados de la Libertad Ambulatoria –SUTPLA- de Capital Federal, advirtió: “Si llegan a reformar la 24.660, los delitos serán cada vez más violentos y la inseguridad crecerá en gran manera. Las consecuencias serán trágicas, porque las personas no recibirán el tratamiento de la ejecución de la pena y eso empeorará la situación. Endurecer las penas no es la solución al problema. De esta manera se corta la sociabilidad de los pibes que están presos. Lo que están haciendo es violar todas las garantías constitucionales y lo establecido por la Convención Americana sobre Derechos Humanos”.
“Hace un año y medio se formó el SUTPLA. Desde ahí nos organizamos y nos estructuramos para luchar por los derechos de los liberados. Estamos en contra de la reforma porque es nefasta para la vida de las personas en situación de cárcel, sus familiares, y para la sociedad en su conjunto. En La Plata tenemos un gran espacio territorial que ganamos con nuestra lucha: allí haremos un barrio para que las personas que salgan en libertad tengan un lugar donde vivir. Ayudamos a nuestros compañeros a conseguir trabajo, porque el sistema los expulsa”, contó el ex detenido Ricardo Riquelme.
“Comprendí lo que significa todo este sufrimiento cuando metieron preso a mi hijo luego de la reforma por la muerte de Axel Blumberg. Desde ese momento dediqué mi vida al acompañamiento de las familias de los detenidos. La reforma que pretenden es contraproducente para la sociedad en su conjunto”, se quejó Andrea Casamento, presidenta de la Asociación de Familiares de Detenidos en Cárceles Federales (Acifad).
«Alrededor de 500 pibes están en huelga de hambre en la cárcel de Devoto. Protestan contra la reforma de la 24.660 que tiene media sanción de Diputados y espera en los próximos días su otra mitad de la Cámara Alta. Endurecer las penas y sacar los beneficios para generar más seguridad es lo que busca Cambiemos-UCR y el Frente Renovador con la aprobación: los presos y las estadísticas dicen que el camino es otro», denunció Paula Marín, una ex detenida.
“La violencia es la desigualdad social: las cárceles solo producen y reproducen un poco más de lo mismo. Si esta reforma se aprueba, los pibes que se van a matar a puñaladas porque van a enloquecer. Aumentaran los delitos y el crimen en la sociedad. Las prisiones solo son una escuela de perfección a la delincuencia: y con esto saldrán transformado en sicarios sociales”, añadió el ex detenido Marcos Ferreyra, a punto de recibirse de abogado.
Finalmente, la iniciativa no fue tratada por los senadores, que si votaron la prórroga de la Ley de Emergencia Social. Así lo informó @SenadoArgentina, la cuenta oficial de twitter de la Cámara Alta.
Fuente: tiempoar.com.ar