La ex presidenta Cristina Fernández lanzó este lunes una audaz jugada para despejar la primera causa en la que inevitablemente irá a juicio oral y público: la del dólar futuro. Desistió de la apelación contra el fallo que el viernes pasado confirmó su procesamiento y, de esa manera, allanó el camino para que rápidamente el expediente pase a la instancia del debate.
Difícilmente ello ocurra. La ex mandataria no está sola en la causa. Junto con ella fueron confirmados los procesamientos de, entre otros, el ex ministro de Economía Axel Kicillof y el ex titular del Banco Central Alejandro Vanoli, además de otra docena de ex funcionarios de distintas áreas. Cualquiera de ellos que, a diferencia de CFK, decida apelar, arrastrará a todos los demás a la instancia de apelación ante la Cámara Federal de Casación Penal. No necesariamente la apelación habilita esa instancia, pero sí estira los plazos. Se explica: si la apelación es rechazada, los defensores tienen abierta la instancia de la “queja”, y eso en circunstancias normales implica varias semanas de tramitación.
La ex presidenta está procesada por «administración infiel en perjuicio de la administración pública». Difícilmente por ello, aún en caso de condena, vaya a prisión.
¿Por qué la jugada judicial es audaz? Porque, por un lado, arriesga a que una eventual condena traiga aparejada la pena de “inhabilitación para ejercer cargos públicos”. Ello, aún cuando la sentencia no esté firme, sería un obstáculo para eventuales futuras candidaturas a cualquier cargo electivo.
Pero, además, ofrecería prácticamente gratis una foto deseada por amplios sectores que la detestan, personal y políticamente: ella sentada en el banquillo de los acusados, teniendo que defenderse en una causa en la que, al menos tangencialmente, está acusada por un delito cometido en el ejercicio de la función pública.
El abogado defensor Carlos Beraldi reclamó un tribunal independiente para que la juzgue. El concepto de “independencia”, en los tiempos que corren, es una escasa moneda transaccional que circula de mano en mano por los tribunales.
“Siguiendo expresas instrucciones de mi mandante, con el propósito de esclarecer los hechos investigados de manera pública y ante una instancia judicial imparcial, requiero que se arbitren las medidas procesales pertinentes a fin de que la presente causa sea elevada a la etapa oral, con la mayor premura”, dice la presentación, entregada por mesa de entradas al juez federal Claudio Bonadio.
El juez podría escindir la causa en dos, y enviar a juicio ahora a la ex presidenta y, más adelante, al resto de los imputados. Pero si ello ocurriera (en el improbable caso que ocurriera), entonces sería como un partido cuyo segundo tiempo tiene un resultado asegurado. Nadie querría verlo, porque ya no habría interés.
Ese es un escenario que, con Cristina Fernández de por medio, ni oficialistas ni opositores desean ni podrían permitirse.
Fuente: tiempoar.com.ar