El juez federal Claudio Bonadio procesó 92 intendentes y ex intendentes peronistas en el marco de la causa GIRSU. Bonadio consideró que un conjunto de intendentes actuaron como partícipes necesarios de defraudación al Estado por ser adjudicatarios de subsidios provenientes del Ministerio de Medio Ambiente de la Nación durante el periodo 2013-2015. Desde el PJ denuncian amenazas de extorsiones y carpetazos. Hablamos con Alfredo Fisher, Intendente de Laprida: “Esta situación genera una gran tensión y gran desazón pero parece que son las nuevas reglas del juego en la política argentina. Es inédito que se involucre a intendentes con situaciones diferentes pero una acusación igual para todos. Esto tiene un tinte político y electoral muy fuerte”.
Fisher sostuvo que su abogado va a apelar la acusación de Bonadio: “No me imaginaba que con las características de esta causa iba a ser uno de los perjudicados por estas maniobras”.