A pocos días de cumplirse 11 años del primer #NiUnaMenos, los femicidios de Agostina Vega y Dulce María Beatriz Candia volvieron a exponer la gravedad de las violencias machistas que atraviesan niñas y adolescentes en Argentina.
Por eso, en vísperas de un nuevo 3J hablamos con Alfonsina Silvestri del Observatorio Ahora Que Sí Nos Ven. Es coordinadora del equipo de monitoreo y registro de femicidios de esa asociación civil y licenciada en Comunicación Social y Periodismo (UNLP), especializada en géneros, diversidades y derechos humanos.
«Estamos teniendo un grave retroceso sin precedentes en nuestro país. Desde las esferas más altas del Estado ponen en duda que estos asesinatos sean femicidios y se legitiman y se habilitan, de alguna manera, los discursos de odio frente a las diversidades y a las mujeres», dijo en Total Normalidad.
«Nosotras, las mujeres y las diversidades, estamos en grave peligro. Entonces, yo creo que mañana va a ser en todo el país algo contundente para demostrarlo y volver a repetir que no queremos ni una mujer ni una diversidad más asesinada en nuestro país», agregó.
Silvestri analizó las deficiencias del Poder Judicial y de las fuerzas de seguridad ante las alertas previas en estos últimos casos, al trazar un paralelismo con el que originó la primera movilización en 2015.
«El asesinato de estas pibas nos retrae tan profundamente al femicidio de Chiara Páez. La Justicia y las respuestas institucionales son parte del gran problema. Que sea más importante el despliegue policial en un partido de fútbol que la búsqueda de una piba nos habla de prioridades y de cómo está el Estado», comparó.
La especialista identificó un retroceso tanto en el abordaje de las comisarías y fiscalías como en el plano de la comunicación pública y mediática.
«Este retroceso se ve en los resortes institucionales, en los fiscales y en las comisarías que no toman las denuncias. Vemos también un retroceso mediático cuando se sigue culpabilizando o revictimizando a las víctimas por cómo se vestían o con quién andaban», advirtió.
La coordinadora expuso los indicadores estadísticos relevados por la organización civil respecto al nivel de desprotección y los obstáculos geográficos que condicionan el acceso a las denuncias formales.
«En estos 11 años monitoreamos que el 17% de las víctimas hizo denuncia y el 10% tenía medidas vigentes en el momento del crimen. Más del 80% no llegó a denunciar por falta de recursos o de patrocinio gratuito. En contextos rurales o alejados de los centros urbanos la desigualdad estructural es mayor», detalló.
En tanto, la periodista alertó sobre proyectos legislativos que, bajo el argumento de combatir falsas acusaciones, debilitan las herramientas de amparo normativo para mujeres y diversidades.
«Ese tipo de iniciativas legislativas vienen a colación de una política nacional de retroceso de derechos que deja un tanto de impunidad a los agresores y desalienta las denuncias. Es de una gravedad tremenda esto de las falsas denuncias; va muy en contra de todo lo que veníamos trabajando y es un proyecto netamente machista», criticó.
Silvestri remarcó la necesidad de involucrar activamente a la población masculina en el cuestionamiento de las conductas violentas cotidianas.
«Todos tenemos una víctima mujer o diversidad que atravesó una situación de violencia física, psicológica o digital. Hay que interpelar y preguntarle a los varones qué piensan de esto, porque esta tarea no es solamente de las mujeres, de las feministas y de las familias que penan justicia por sus hijas muertas», argumentó.
La investigadora manifestó su expectativa respecto al cambio cultural en las franjas juveniles y la urgencia de aplicar herramientas pedagógicas formales y comunitarias frente a la vulnerabilidad social.
«Hay esperanzas en que se están debatiendo más las masculinidades que antes. Es muy importante la implementación de la Educación Sexual Integral (ESI) en las escuelas para hablar de esto, pero también hace falta un trabajo comunitario en los clubes y en los barrios porque muchos pibes hoy son expulsados del sistema escolar por el contexto de ajuste y precariedad», evaluó.
Finalmente, la comunicadora describió las características de los perfiles digitales de los agresores vinculados a movimientos políticos radicalizados y cuestionó las metodologías oficiales de recuento de casos.
«Hacemos foco en que las víctimas tienden a ser cada vez más chicas y la mayor concentración se viene dando entre los 11 y 15 años. Observamos perfiles muy activos que se manifestaban libertarios, misóginos y antifeministas. Hay un clima que habilita que estos discursos proliferen de manera impune», concluyó.
En Bahía Blanca la marcha se hace este miércoles a las 17 hs en la Plaza Rivadavia.