Marcelo Odebrecht, el principal ejecutivo de la constructora, dijo a la Justicia brasileña que hubo pagos millonarios para acceder a ese proyecto, pero no precisó quiénes los recibieron.
Reconoció que la sigla «DGI» que aparecen en varios documentos no aludían a la Dirección General Impositiva argentina sino que Se trata de un eufemismo para esconder los pagos de coimas. Implicaba, según el propio Odebrecht, haber asumido «compromisos políticos», afrontar «favores», «contribuciones», «pagos a agentes públicos», «donaciones» y otras conductas ilícitas que, claro, implicaban un incremento del monto del contrato.
Según consignó hoy el diario La Nación en base a testimonios y documentos analizados en el marco de una investigación colectiva liderada por el equipo peruano IDL Reporteros, por el soterrramiento del Sarmiento se habrían abonado unos US$ 20 millones. Para disputar el proyecto, la constructora brasileña conformó un consorcio con otras tres empresas: la argentina Iecsa (que era propiedad de Ángel Calcaterra, el primo del presidente Mauricio Macri, la italiana Ghella y la española Comsa. Para otros proyectos también se unió a la constructora Esuco, de Carlos Wagner, y a la firma BTU, de Carlos Mundin.
Para poder lidiar con los empresarios y funcionarios argentinos, Odebrecht contrató los «servicios de consultoría» de, entre otros, Jorge «Corcho» Rodríguez. En el caso del soterramiento del Sarmiento, la constructora brasileña tuvo que negociar con diferentes interlocutores para acordar con Iecsa, que hasta 2007 estuvo comandada por Franco Macri y desde esa fecha hasta este año quedó en manos de su sobrino, Calcaterra. En marzo de 2017, cuando ya había estallado el escándalo del Lava Jato, la empresa fue adquirida por Marcelo Mindlin con la condición de crear un «fondo de contingencia» para afrontar las posibles multas si se confirmaran los sobornos.
FUENTE: EL PAÍS DIGITAL