SIGUE EL MALESTAR DEL GOBIERNO CON LAS GRANDES CADENAS MINORISTAS – Impulsan que en lugar del valor de “reposición” se tome en cuenta el de “adquisición”. Se asegura que la política actual es “inflacionaria”.
El Gobierno buscará forzar, en un primer momento por las buenas, un «cambio cultural» en la forma que tienen los super e hipermercados para vender al público. Según afirma el Gobierno, el precio de venta de un producto al público, es el de «reposición» y no el de costo de compra más una ganancia. Los técnicos del macrismo aseguran que esta manera de facturar es «indexatoria e inflacionaria» y propia de otros tiempos; y que, de no modificarse paulatinamente a través de los meses, siempre presionará sobre los precios, aún en tiempos de estabilidad monetaria. La embestida oficial será contra las grandes cadenas de supermercados, y comenzará rápidamente si no se avanza en otra de las batallas que tiene el Ejecutivo con el sector. Según la información que llega al Gobierno, los supermercados y las grandes tiendas textiles (tal como había adelantado este diario), son los rubros que menos apoyo dan al plan de «Precios Transparentes». En este caso, o suspendieron las cuotas para la venta de electrodomésticos, o las encarecieron varios puntos porcentuales más que los intereses financieros vigentes. No será con planes de controles de precios o similares. Tampoco blandiendo al aire leyes de desabastecimiento como gustaba provocar Guillermo Moreno en sus días de gloria en la Secretaría de Comercio Interior. La idea oficial es la de establecer líneas de diálogo directas y constantes que hagan ir modificando la política cultural de los privados.
El análisis oficial parte del dato de la industria supermercadista, sobre la conformación de los precios que llegan al público; y que se formarían a partir del valor que tendría un bien en ser repuesto en las góndolas y no el costo final (aún inflado) al que fue adquirido, más los costos de servicios y la ganancia de la compañía. Como se viven tiempos de alza de precios, la reposición del bien tiene un componente especulativo, que es el valor que tendrá en el momento de volver a adquirirlo. Luego éste siempre será superior al bien que está en la góndola; y, en consecuencia, su valor final dependerá de la visión del supermercadista sobre cual será el precio futuro. Para el Gobierno esta visión es intrínsecamente inflacionaria y debería modificarse radicalmente para que uno de los componentes de presiones sobre los precios se pierdan. Se reconoce que en tiempos de inflación en alza puede resultar útil para cubrir pasivos futuros, pero que debe desmontarse cuando la variable está a la baja, como en las circunstancias actuales.
Desde los privados, alarmados, afirman que esta manera de facturar en la Argentina no es nueva, y que viene de los tiempos del Rodrigazo. Se mantuvo inalterable en los 80 y hasta en la convertibilidad, cuando la inflación (salvo en dólares) estaba controlada. Luego, durante los años del kirchnerismo, esta misma manera de facturar fue negociada con el propio Guillermo Moreno hasta la aparición de los «Precios Cuidados» originales. Y que además se repite en casi todo el mundo, especialmente en los países latinoamericanos, tengan o no inflación.
El malhumor del oficialismo con los supermercados no es nuevo. Son muchas las oficinas donde se maneja la política económica del país; que culpan a los grandes centros comerciales de ventas minoristas de varios de los shocks inflacionarios del 2016 y de este año. Aún más que a las empresas productoras de alimentos, bebidas y artículos de consumo masivo. Se afirma en el Gobierno que aplicaron fuertes aumentos de precios en la última semana de diciembre, antes de la asunción de Mauricio Macri y cuando el kirchnerismo ya había soltado las marcas de los precios; y que volvieron a subirlos luego de la devaluación de salida del cepo. También de un nuevo efecto inflacionario luego de las subas de las tarifas de servicios públicos y otra vez antes de fin del año pasado. Y que nuevamente a comienzos de 2017 subieron precios más que lo habitual. Además de no apoyar el plan «Precios Transparentes», se los acusa de haber sido beneficiados a comienzos del año pasado, de la apertura de las importaciones de textiles y alimentos; habilitándose desde el Gobierno a varios de los contenedores frenados en la Aduana por la gestión de Axel Kicillof reclamados por las grandes tiendas minoristas. Hubo incluso en los últimos días desde el oficialismo amenazas de nuevas aperturas de importaciones.
Fuente: ambito.com