• EL GOBIERNO HABILITÓ AYER LAS MESAS DE DISCUSIÓN QUE DELINEARÁN PROYECTO PARA CONSENSUAR EN 2018
Durante febrero definirán temas centrales de un nuevo Régimen Penal Juvenil con foco en “prevención”. Descartan choque con Unicef.
El Gobierno dejó en claro que una eventual baja en la edad de imputabilidad de los menores que delinquen será una decisión del Congreso y que la discusión de un proyecto de ley que reglamente el juzgamiento de menores de edad quedará para las sesiones de 2018. En medio de un clima pluripartidario con guiños de buena convivencia entre las principales fuerzas políticas, el Poder Ejecutivo dio el puntapié inicial a las comisiones de trabajo que discutirán durante todo febrero la creación de un Sistema de Responsabilidad Penal Juvenil. La baja en el tope para ser juzgados «es el último punto que se va a discutir», afirmó el ministro de Justicia, Germán Garavano secundado por su par de Seguridad, Patricia Bullrich. Hubo consenso en la reforma de la ley, pero también se eludieron los puntos ríspidos y el choque con la postura de Unicef que se opone a que sea fijado el nuevo límite en 14 años de edad.
Tras reunirse al mediodía con el presidente Mauricio Macri, Garavano (aún rengueando y en recuperación por la rotura del talón de Aquiles jugando al fútbol) encabezó el primer encuentro, del que participaron el ministro de Justicia bonaerense, Gustavo Ferrari; los senadores del PJ-FpV Rodolfo Urtubey y Pedro Guastavino y la diputada oficialista Gabriela Burgos, además de representantes del Frente Renovador, que vio arrebatada parte de su agenda en materia de seguridad pública por parte del oficialismo que tiró el tema sobre la mesa y abrió el debate público. En clima cordial y con muchos agradecimientos a la iniciativa de una convocatoria amplia, se acordó la conformación de 8 mesas, orientadas a crear una Justicia especializada, con foco en mecanismos de prevención, la evaluación de medidas alternativas al encierro y el contexto de la Convención de los Derechos del Niño que rige la materia a nivel internacional. Pese a que no surgió ninguna definición todavía, el Gobierno dejó clara su posición pro-baja de la edad: el titular de la cartera de Justicia remarcó que los países con los que el Gobierno comulga ideológicamente tienen régimen con edades de imputabilidad en torno de los 14 años o incluso menos. El modelo será España. De todas formas aseguró que la idea es determinar cuál es el tratamiento que se le dará a quienes infrinjan la ley siendo menores. «El punto central son todos los otros», dijo Garavano, para desinflar el envión que el mismo Gobierno había habilitado apenas una semana atrás, cuando lanzó el tema sobre la mesa.
«Consenso»
El desafío para el Congreso post elecciones no será sencillo. La intención de modernizar una legislación heredada de la dictadura ha sido cíclica en la Argentina, que como se recordó en la conferencia de prensa, dio en 2009 media sanción a un proyecto que nunca terminó de pasar el filtro parlamentario. Hubo 93 proyectos presentados en estos años, cuya gran mayoría caducó pero dejó (como modelos a usar) una docena de anteproyectos que aún tienen vigencia. Sólo una iniciativa con alta dosis de «consenso» podría adelantar los tiempos a este año legislativo.
«Aunque bajemos la edad a 14, va a haber de nuevo un problema con un caso de un chico de 13», sostuvo Garavano que junto con Bullrich buscaron no polemizar con el juez que dispuso la deportación del país del menor que asesinó a Brian Aguinaco. «La edad de imputabilidad en definitiva la va a fijar el Congreso», concluyó el ministro. «Nuestro objetivo es que vaya bajando la violencia, los homicidios, la cantidad de menores que cometen delitos. Vamos por buen camino», dijo la titular de Seguridad en rueda de prensa. El reconocimiento de que el tema no será abordado durante el año electoral expuso que cada intento de reforma está teñido por intereses sectoriales que buscan sacar rédito en las urnas de una cuestión hasta ahora no zanjada.
La comisión redactora de la nueva ley estará conformada por integrantes del Poder Judicial nacional y provincial, de los ministerios público fiscal y de la defensa, funcionarios del Poder Ejecutivo (Salud, Desarrollo Social, Seguridad y Justicia), representantes de organizaciones no gubernamentales y expertos en la materia.
Fuente: ambito.com