La dirigente social será juzgada por una causa que impulsa el gobernador Morales desde 2009, cuando en una manifestación en su contra le tiraron huevos. La líder de la Tupac Amaru ni siquiera estaba entre los manifestantes.
Milagro Sala finalmente será sentada mañana ante el Tribunal Oral Federal 1 de Jujuy. A las 8 comenzará el primer juicio oral que el gobernador Gerardo Morales impulsa con perseverancia desde el año 2009 por una manifestación pública en la que le tiraron huevos, durante el cual la referente de la Tupac Amaru ni siquiera estuvo presente. Con Sala será juzgada una dirigente de otra organización y un joven detenido sin pruebas ni testigos. Con una prescripción dictada en mayo por este mismo TOF, la causa logró un reimpulso de la Sala IV de la Cámara Federal de Casación Penal que agravó los cargos. La única prueba contra la dirigente social es el testimonio de un hombre que habla de una reunión que no existió. El expediente reúne un cúmulo de fundamentos cuyo valor principal es que son una rica evidencia del modo en el que Jujuy mira a las organizaciones territoriales, con frases como “modus operandi” y “violencia”. Pero esto es, sobre todo, aquí y ahora, la primera ocasión que tiene a mano Morales para buscar una condena sobre la dirigente indígena cuya libertad exigen al gobierno argentino los organismos internacionales. Tal vez, el escenario en el que busca mostrar su somos derechos y humanos.
La causa “de los huevos”, como es conocida, empezó el 19 de octubre de 2009 cuando el entonces senador Morales presentó una denuncia acompañado por quien era auditor General de la Nación, Alejandro Nieva, y el diputado radical Miguel Angel Giubergia. Morales manifestó que el 16 de octubre de 2009 en ocasión de una conferencia de prensa en el Consejo Profesional de Ciencias Económicas de Jujuy fue agredido por integrantes de una red de organizaciones sociales que responden a Sala. En la denuncia identificó a María Graciela López como la persona que encabezó las amenazas. Para situar a Sala en ese espacio no aportó más datos que ese y explicó que la dirigente lo había amenazado dos veces antes.
La acusación estuvo a cargo del fiscal Francisco Snopek, quien elevó la causa a juicio oral el 22 de noviembre de 2011. Allí está la base de lo que sucederá y se escuchará en Jujuy. En su análisis aclara que obvió las amenazas previas para concentrarse en reconstruir el modo y lugar de los hechos. Así, dice que ese día se iba a realizar en el Consejo Profesional una conferencia sobre Control Público en Argentina con Morales y también Leandro Despouy, entonces a cargo de la AGN. “Cuando Morales llegó al lugar donde debía hablar, se presentó un grupo encabezado por María Graciela López que irrumpió en el lugar vociferando amenazas a los presentes a los que atacaban con huevos y tiraban piedras de distinto tamaño y otros objetos produciendo importantes daños en el lugar”.
Con estos elementos, imputó y procesó por daño agravado y amenazas a María Graciela López, a quien reconocieron varios testigos entre las personas presentes. Y también procesó por mismos cargos a Ramón Gustavo Salvatierra, un joven del que aún no hay en el expediente una sola prueba que lo involucre, como señala el equipo de abogados de Sala. Salvatierra fue detenido en ese mismo momento, entre las personas que se iban del lugar y que no respondían al arquetipo de clase media. Recién un año después, Sala también fue procesada, primero como coautora y más tarde como instigadora. Para ubicarla en esta escena, el fiscal dijo que se conocía con López, que pertenecían a la red de organizaciones en la que López cumplía un papel de subordinación de Sala, que ese vínculo también era “obvio” porque tenían varias causas en las que ambas están imputadas y porque la líder de la Tupac Amaru le salió de garante en la compra de un auto. Ahora bien, para incorporar a Sala en el complot criminal de la protesta va un poco más allá: habla de “modus operandi”, nombra otras protestas como “antecedentes”. Y por último, ubica a la dirigente social en una reunión que se habría realizado días antes en su casa. Esa que es la única prueba directa que la vincula con el hecho no tiene más testigos que dos personas presentadas por la querella de Morales: un matrimonio de cooperativistas que declaró en agosto de 2013 sobre una reunión que en realidad no existió.
“Debe decirse que Milagro Sala tenía vinculación con los hechos y participó en reuniones con Salvatierra y López en los que trasmitió o determinó el quehacer a los nombrados”, señaló Snopek en la elevación de la causa a juicio. Así “quedó acreditado por la declaración de René Orlando Arellano, que dice haber ido con su esposa a la casa de Milagro Sala y es parte de la organización Argentina Avanza”. En esa reunión, Sala habría dicho: “Vos Cachi, manden la gente, les voy a dar para los huevos. No hay que dejarlo hablar. Hay que correrlo de Jujuy”. Según ese testigo, la referente de la Tupac Amaru los convocó para anunciarles que ya había fecha de la conferencia. Y dos días después de la manifestación, los llamó a la noche para que fueran a la puerta del penal a acompañar en un acampe a Salvatierra que había quedado preso. La esposa de Arellano, llamada Cristina Noemí Chauque, dijo que Sala se iba a ir al interior, y manejaría todo por teléfono.
La defensa de Sala viene diciendo desde hace años que ella no organizó el escrache. Que cuando se realizó estaba en Monterrico, a 50 kilómetros de San Salvador. Que cuando se enteró de las acusaciones de Morales, fue al diario El Tribuno para desmentirlo. Que la reunión de la que sólo hablan estos testigos no existió. Que Graciela López y ella se conocen desde hace veinte años y son de distintas organizaciones, como recuerda ahora la abogada Elizabeth Gomez Alcorta. Y que en cualquier lugar del país cuando la Tupac Amaru organiza una manifestación o sus avances por distintos espacios, siempre usa remeras y está identificada. Siempre sostiene que es la Tupac.
Por lo demás, a horas del comienzo del juicio, también está en juego la calidad de los testigos de la imputación más importante. Horacio Verbitsky publicó en este diario el domingo pasado que Arellano pidió custodia porque se sintió en peligro. “La custodia la hizo la Policía Federal que entregó un informe que no lo favorece: un día se toma a golpes con su hermano, luego de un incidente de tránsito agrede a su hijo y a un colectivero, alcoholizado porta armas para las cuales no tiene autorización, grita y pega a cualquiera”, escribió.
Además de la búsqueda de hechos la fiscalía elaboró todo un teorema sobre la configuración de la Tupac sin desperdicios. En uno de ellos, que aparece tras la mención a otras tomas como “hechos violentos”, se admite que no hay pruebas: “Si bien (los antecedentes) no comprueban la participación de Sala per sé en los hechos del 16 de octubre, permiten establecer la relación entre los imputados y el modus operandi de los miembros de la Tupac y sostener que no resulta ilógico que ese actuar encuentra antecedentes próximos o similares por parte de sus integrantes, y que se habría repetido en el Consejo de Ciencias Económicas de Jujuy.”
En mayo de este año algo parecía cambiar en esta causa. El TOF sobreseyó a los tres acusados por uno de los dos delitos: el de amenazas. El delito tiene una pena máxima de dos años de prisión. Pasados dos años entre elevación y pruebas sin comienzo de juicio, aceptaron el planteo de la defensa. Querella y fiscalía recurrieron. Casación dijo que no podía prescribir por la posible existencia de un delito mayor como las “amenazas coactivas”, para lo cual está prevista una pena máxima de cuatro años. Este será el escenario de ingreso a la audiencia. Tres personas procesadas por daños agravados y amenazas coactivas. Los jueces del TOF son Mario Juarez Almaraz, María Alejandra Cataldi y Federico Santiago Díaz. Un tribunal que sólo tiene un día de audiencia a la semana disponible para juzgar a los procesados por crímenes de lesa humanidad en Jujuy abrió aquí cuatro días de audiencia en el lapso de sólo una semana.
Fuente: pagina12.com.ar