Se confirmó que el próximo sábado 28 de noviembre será el día en el que el Tribunal Internacional del Derecho del Mar anunciará su fallo respecto a la explotación hidrocarburífera del yacimiento Sea Lion por parte de empresas británicas e israelíes en aguas argentinas cercanas a las Islas Malvinas. ¿Cuáles son los reclamos impulsados por la delegación argentina y qué puede esperarse de esta decisión?
Marcos Fernández Peña, docente de derecho y coautor del libro “Por qué son argentinas”, marcó que «el proceso que está en marcha es un poco complejo técnicamente. En primer lugar cabe resaltar que hay dos empresas, una británica y una israelí, que buscan explotar el yacimiento Sea Lion. Son empresas que hace 30 años exploran la zona; tienen estipulado comenzar las primeras perforaciones en marzo del 2027 e iniciar la explotación comercial en 2028. Lo que busca la Argentina es que, mientras se lleva adelante el proceso de arbitraje, las actividades de explotación permanezcan frenadas«.
«Entendiendo que la solución al problema de fondo podría llegar años después de que la explotación ya este en marcha, Argentina pretende que se tome una medida cautelar para que la explotación se suspenda hasta ese momento» Marcos Fernández Peña.
¿Qué implicancias tendría un fallo de esas características? El profesional afirmó que «tanto Argentina como Gran Bretaña firmaron el tratado de los Derechos del Tribunal del Mar, por lo que ambos estados reconocen los fallos de la entidad como obligatorios. En el caso de que Gran Bretaña decida abiertamente desobedecerlo queda seriamente dañada su imagen internacional, y en términos de explotación hidrocarburífera, es un gran daño para atraer las inversiones para explotar Sea Lion, que rondan los $5.000 millones de dólares. En caso de desobedecerse el fallo, ninguna empresa va a arriesgarse a invertir semejante monto a riesgo de que más adelante resulten bloqueadas sus operaciones económicas».
En términos concretos, Fernández Peña resaltó que «siempre estamos hablando de medidas provisionales hasta que el Tribunal decida sobre la cuestión de fondo. Esta decisión se limita únicamente a decidir parar o no la explotación hasta tanto se decida la controversia de soberania, pero de ninguna manera el fallo va a decidir a quién pertenecen las islas, que es lo que Gran Bretaña quiere dejar en claro. Claro está que los británicos plantean que la zona es de su soberanía, y que tienen total derecho a llevar adelante esas actividades. En caso de fallar a favor del reclamo argentino, sería un importante revés para Gran Bretaña que aumentaría el precio de explotar en la zona».