El Gobierno sentó ayer las bases para la negociación de un bono de fin de año en el sector privado, con un piso de referencia de $ 2.000 y la posibilidad de elevarlo en actividades con margen de rentabilidad. Lo hizo al cerrar un acuerdo con la CGT y las principales cámaras empresarias, tal como había adelantado este diario, que a continuación abrirá una instancia masiva de negociaciones en cada sector para articular la compensación de fin de año, aunque todavía no fue definido para los trabajadores estatales. Se trata de un entendimiento político, de cumplimiento voluntario pero sellado por los máximos representantes del campo laboral y patronal bajo el monitoreo de buena parte del Gabinete.
El bono pactado ayer complementa los anunciados la semana pasada por el Ejecutivo de $1.000 adicionales para jubilados con el haber mínimo y beneficiarios de la Asignación Universal por Hijo (AUH, uno por familia) aunque somete al tironeo propio de las paritarias la fijación de los valores finales y el eventual cumplimiento del piso establecido. Por caso, cámaras pymes advirtieron de la imposibilidad de pagar los $2.000 en tanto que la Unión Industrial (UIA) se declaró imposibilitada de obligar a sus asociados a afrontar ese costo. En tanto que las cámaras de Comercio y Construcción alegan que el valor del bono está incluido en sus recientes acuerdos paritarios.
En cualquier caso se trata de una victoria política del Gobierno, que logró desactivar por completo la amenaza de un paro nacional al trasladar el peso mayor de la puesta en práctica del acuerdo a cada empresa. En los próximos días el ministro de Modernización, Andrés Ibarra, deberá definir junto al gremio mayoritario del Estado, UPCN, un pago extraordinario para los empleados de la administración pública central (unos 200 mil) y a partir de esa definición cada provincia y municipio deberá entablar discusiones con sus respectivos gremios.
La denominada Mesa de Diálogo para la Producción y el Trabajo tuvo concurrencia casi perfecta. Por el Gobierno estuvieron el jefe de Gabinete, Marcos Peña, los ministros de Hacienda, Alfonso Prat Gay; de Trabajo, Jorge Triaca; de Producción, Francisco Cabrera, y de Desarrollo Social, Carolina Stanley, junto al coordinador interministerial Mario Quintana. De la CGT concurrieron sus tres líderes, Héctor Daer, Juan Carlos Schmid y Carlos Acuña junto a miembros de la «mesa chica» de la organización, en tanto que por el sector empleador asistieron representantes de la UIA, las cámaras de la Construcción y el Comercio, la Bolsa, los bancos de Adeba y la Sociedad Rural.
El acuerdo marco implicará la base política a partir de la cual empresarios y sindicalistas de cada actividad deberán ahora sentarse a negociar las condiciones de pago del bono, y eventualmente subir su monto de haber chances. Este último caso es el de gremios que desde hace varios años consiguen por su cuenta ese tipo de adicionales y por valores muy superiores, como la Asociación Bancaria, los Camioneros o los aceiteros. Para las actividades con menos margen se prevén debates orientados a distribuir los $2.000 en cuotas.
Dos sectores que participaron ayer de la mesa concentrarán la atención: Comercio, el mayor sindicato privado del país con cerca de un millón de afiliados, tiene pendiente cerrar su paritaria (acordó por un primer semestre y espera hoy definir el segundo) y se apresta hoy a pactar una suba hasta marzo próximo, por seis meses, de 19% en dos cuotas, de modo tal de completar en el año un 39 por ciento. El mayor gremio de la construcción, UOCRA (unos 400 mil afiliados), acordó en esos parámetros la semana pasada. En ninguno de los dos está previsto el otorgamiento de un bono, a pesar de que las cámaras respectivas firmaron el acuerdo.
Más allá de la articulación sectorial, el entendimiento marco fue ponderado por las tres partes. Incluso, como había adelantado este diario, se pactaron nuevos encuentros de los mismos protagonistas para noviembre y diciembre de modo tal de discutir ítems pendientes como productividad, competitividad, importaciones y legislación laboral. El Gobierno espera, en esos debates, obtener un aval de la CGT para avanzar en la ley de ART y, eventualmente, en la de Primer Empleo.
En la planificación del acuerdo firmado ayer el equipo económico se fijó como meta consumir, mediante los bonos, todos los reclamos pendientes por el desfasaje entre las paritarias 2016 y la inflación acumulada en lo que va del año. En esa línea, la expectativa es que las discusiones salariales de 2017 tengan como eje la variación de precios de ese año sin arrastrar demandas sin atender.
Fuente: ambito.com