La Subsecretaría de Políticas Universitarias, dependiente del Ministerio de Capital Humano, envió un documento a todas las universidades nacionales en las que intima a sus rectores a presentar un plan de contingencia con el fin de «garantizar el derecho a la salud» en el marco de los reiterados paros docentes. Todo esto se da mientras el Gobierno nacional sostiene el no cumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario, norma aprobada por ambas cámaras del Gobierno nacional y ratificado luego del veto presidencial.
Daniel Vega, rector de la Universidad Nacional del Sur, expresó que «cabe recordar que las universidades no estamos en este conflicto por voluntad propia. El origen es netamente presupuestario, y sin los recursos suficientes ningún servicio puede garantizar su continuidad. Estamos haciendo los máximos esfuerzos por mantener el calendario académico y entendemos que las medidas de fuerza le complican la vida a los estudiantes, a quienes le debemos todo y los acompañamos, pero esta nota es intimidante, y se nos exige darle sostenibilidad a un sistema cuando es el mismo Gobierno nacional el que no la garantiza».
«El principal incumplidor es el Estado nacional. Son ellos mismos los que no están respetando una ley aprobada por amplia mayoría en ambas cámaras. Uno no puede cumplir únicamente con las leyes que les caigan simpáticas» Daniel Vega.
El documento amenaza a su vez a las universidades con realizar auditorias en caso de que no se tomen las medidas exigidas. Sobre ello, el rector marcó que «la campaña de desprestigio contra el sistema universitario hizo mella en esa dirección, y la gente apoyó esa supuesta falta de auditorias. Todas las universidades hemos demostrado una y mil veces que esto es falso, que rendimos cuentas permanentemente y somos muchísimo más transparentes que la mayoría de los estamentos a nivel nacional. Creo que el Gobierno hace uso de las amenazas de auditorias de forma porque creen que les rindió en algún momento, pero las encuestas de opinión muestran que las universidades nacionales siguen teniendo un apoyo de nuestra sociedad. La gente sabe que las universidades son transparentes e importantes para el desarrollo del país».
Por último, Vega concluyó que «si el presupuesto no es el mínimo necesario para que docentes y docentes tengan un salario digno y se atiendan los gastos de funcionamiento para mantener nuestras instituciones en marcha, es inevitable que el conflicto escale. Estamos muy preocupados por el efecto que tendrá en nuestros estudiantes, pero sin un presupuesto adecuado, tener las aulas abiertas no alcanza. La inflación sigue recortando los sueldos a docentes y no docentes: la inflación de marzo fue del 3,4% y la suba de sueldos del 1,7%. Así está claro que la conflictividad no se va a reducir».