La coordinadora de la Clínica Jurídica de Género de la Universidad Nacional del Sur (UNS), Claudia Lorenzo, habló esta tarde con el programa Total Normalidad sobre el proyecto de ley que propone modificaciones al Código Penal de la Nación en materia de denuncias falsas por violencia de género.
La abogada aclaró que el delito de falsa denuncia ya se encuentra tipificado en la legislación argentina con escalas penales considerables. Lorenzo explicó que, cuando se trata de causas penales, este delito no es excarcelable. «El delito de falsa denuncia como el de falso testimonio está en nuestro código hace muchísimos años», señaló la especialista para contextualizar el marco normativo vigente.
Durante la entrevista, destacó la falta de información estadística que respalde la urgencia de una reforma en materia de género e indicó que la mayoría de las denuncias falsas registradas en el sistema judicial corresponden a delitos patrimoniales y fraudes a compañías de seguros. «Las estadísticas marcan que no llegan al 2% las denuncias falsas sobre violencia», precisó en el aire de Urbana 93.9.
La especialista vinculó el debate legislativo con un componente sociopolítico destinado a disciplinar a las mujeres a través del temor al sistema. Según Lorenzo, el foco en las falsas denuncias de género busca invisibilizar las dificultades reales que atraviesan las víctimas para acceder a la justicia. «Hay un trasfondo mucho más profundo, que es la instauración del miedo, un miedo más, no solo al agresor que tenemos en casa sino también al sistema que nos tiene que proteger», expresó.
Desde la Clínica de la UNS se realiza un trabajo de acompañamiento ante la reticencia de las mujeres a denunciar por temor a represalias o al descrédito social. Lorenzo subrayó que el proceso de denuncia implica revivir situaciones traumáticas y enfrentar círculos de violencia establecidos. «A las mujeres les cuesta mucho denunciar. Viven años atemorizadas, encerradas en ese círculo de violencia», remarcó.
Respecto al endurecimiento de penas propuesto, Lorenzo cuestionó la eficacia de la reforma para mejorar el funcionamiento de las instituciones judiciales. La especialista sostuvo que aumentar las sanciones no resuelve las deficiencias estructurales ni la violencia institucional que sufren las denunciantes. «¿O te parece que agregando pena las instituciones van a mejorar? Si no va a mejorar, no sirve», planteó durante el diálogo.
La abogada también desestimó la validez científica del denominado «Síndrome de Alienación Parental», utilizado frecuentemente para desacreditar testimonios de abusos en la infancia. Explicó la diferencia técnica entre la mentira y la fabulación en niños y niñas pequeños. «Los niños mienten, no fabulan. La construcción de un relato de agresión necesita una construcción experimental», dijo Lorenzo.
En relación a la construcción de los testimonios, la coordinadora explicó que el acceso al relato requiere que el hecho haya ocurrido o haya sido presenciado por el menor y advirtió sobre los peligros de legitimar discursos que sugieren manipulaciones psíquicas sin fundamentos periciales. «El acceso al relato surge de la posibilidad de conocimiento: o le pasó o lo vio», puntualizó para clarificar el proceso de recolección de pruebas.
Lorenzo manifestó su preocupación por el avance de iniciativas legislativas que afectan a sectores vulnerables de la población. Consideró que tanto la reforma sobre falsas denuncias como otros proyectos actuales forman parte de una tendencia que desatiende la inversión necesaria en prevención y protección. «Son frentes que atacan vulnerabilidad. Es lo único que me preocupa, mucho», afirmó.
Finalmente, la responsable de la Clínica Jurídica de Género recordó que el sistema judicial ya cuenta con herramientas para sancionar a quienes mienten, citando condenas recientes por falsa denuncia en Bahía Blanca. Instó a mejorar las instituciones existentes en lugar de promover reformas que calificó de demagógicas. «Se probó y se condenó. Ya está el sistema. Mejorémoslo», concluyó.
El proyecto de ley es de autoría de la senadora Carolina Losada (UCR). La iniciativa, que recibió dictamen favorable en la comisión de Justicia del Senado de la Nación, busca endurecer las penas previstas, elevándolas de 3 a 6 años de prisión cuando las falsas denuncias involucren situaciones vinculadas a violencia de género, abuso sexual o menores.