La Unidad Fiscal de La Plata pidió que se investigue a molinos Río de la Plata por el secuestro de 15 trabajadores y dirigentes sindicales en la última dictadura, la mayoría desaparecidos, como parte de una «persecución sistemática llevada a cabo por la dirección de la empresa a los trabajadores con actividad política-sindical». La presentación fue realizada por los fiscales Marcelo Molina, Hernán Schapiro y Juan Martín Nogueira para impulsar la acción penal contra la cerealera que perteneció a la multi Bunge & Born.
Los funcionarios destacaron que la misma empresa colaboró activamente con las fuerzas represivas para perseguir a los trabajadores y miembros de la comisión interna, según difundió el sitio web Fiscales, consignó Tiempo Argentino. Resaltaron que los directivos de Molinos encargaron a las Fuerzas Armadas y de seguridad la confección de tareas de inteligencia e infiltración para confeccionar listados de trabajadores, que posteriormente fueron detenidos y que en la mayoría de los casos permanecen desaparecidos.
Los investigadores se refieren a una «afinidad ideológica» de la empresa con el régimen cívico-militar, y destacaron los beneficios económicos que obtuvo la firma con las desapariciones y la posibilidad de reducir drásticamente salarios y cercenar derechos laborales.
«Se puede decir que con el golpe de Estado los reclamos gremiales que se venían sucediendo en Molinos Río de la Plata finalizaron con el secuestro y desaparición de trabajadores y que las medidas adoptadas por las autoridades militares en el plano económico beneficiaron notablemente a la empresa, especialmente durante los primeros años desde que se implantara el régimen militar», analizaron los fiscales.
La Unidad contó con la ayuda de la Oficina de Investigación Económica y Análisis Financiero (OFINEC) de la Procuración General, que analizó la documentación contable secuestrada en varios allanamientos realizados en sedes de la empresa.
En ese sentido, rechazó que sea «producto del azar» que Molinos pasara de tener pérdidas a obtener considerables ganancias tras la desaparición de trabajadores. Durante la dictadura, Molinos «registró el más bajo costo laboral y disminuyó abruptamente el monto destinado a afrontar juicios por despidos».
Las víctimas eran trabajadores y miembros de la comisión interna en la planta que la empresa tenía en Avellaneda, donde habían organizado una agrupación sindical llamada «17 de Octubre».
El primero en ser secuestrado fue Avelino Freitas, el 1 de julio de 1976, miembro de la comisión interna y de la conducción nacional de la Juventud Trabajadora Peronista.
Cuatro meses después de su desaparición, se lo dio de baja y se colocó en su legajo como motivo el «abandono de trabajo». Los fiscales remarcaron que al formalizar la baja de esa manera significó «un directo beneficio económico para la firma: no debían pagar indemnizaciones a dichos empleados ya que formalmente nunca los habían despedido».
La denuncia, que ahora fue llevada por los fiscales al Juzgado Federal N° 3 de La Plata, se originó en una prsentación de los hijos e hijas de tres de las víctimas: Freitas, Francisco Fernández y Rubén Mattaboni. Fue hecha en 2013.
Los familiares solicitaron que se investigaran la veintena de secuestrados en la multinacional en el marco de una persecución política que recrudeció tras el secuestro extorsivo por parte de Montoneros de los hermanos Juan y Jorge Born, gerente y director general, respectivamente, en septiembre de 1974.
Confirman condena a 13 represores
La Cámara Federal de Casación Penal confirmó ayer las condenas de 13 represores de la Base Naval de Mar del Plata, la Prefectura Naval y la Escuela de Suboficiales de Infantería de Marina (ESIM).
La Sala IV Casación ratificó la condena impuesta el 15 de febrero de 2013 por el Tribunal Oral Federal de Mar del Plata a los ex miembros del Ejército, la Marina y la Prefectura Naval, encontrados culpables de 70 casos de secuestros, torturas y homicidios.
De los 13 condenados, cinco recibieron prisión perpetua: Mario Forbice, Alfredo Arrilaga, Juan Lombardo, Roberto Pertusio y Raúl Marino, mientras que el resto fue condenado a penas de entre tres y 25 años.
Fuente: Infonews