El día de ayer, el Consejo Superior de la Universidad Nacional del sur aprobó un proyecto solicitando al Gobierno nacional la aplicación efectiva de la Ley de Financiamiento Universitario, aprobada y ratificada por el Congreso luego del veto del Presidente Milei. El organismo, que nuclea representantes alumnos, docentes y no docentes, manifestó también su preocupación por la situación salarial y paritaria de quienes desempeñan su labor en la universidad.
Daniel Vega, rector de la Universidad Nacional del Sur, aseguró que «pensando en el inicio del ciclo lectivo para este 2026, sin dudas estamos peor desde lo presupuestario que el año pasado. La inflación impacta todos los días en el salario, en los gastos de funcionamiento, en las becas, etc. Estamos hablando de un desfasaje entre los incrementos recibidos y la inflación que supera el 50%, y todos los meses se sigue acrecentando. Por ejemplo, el mes pasado la inflación fue del 2,9%, y no tuvimos actualización salarial. Esto nos preocupa aún más al recordar que tenemos una ley de financiamiento que fue aprobada por amplia mayoría, e incluso ratificada por ambas cámaras luego del veto del Presidente. Aún así, la ley solo planteaba la sostenibilidad del sistema universitario, ni siquiera pensaba en su crecimiento. Sigue sin aplicarse y la situación no deja de empeorar».
El Consejo Superior solicitó la aplicación inmediata de la Ley de Financiamiento Universitario
Emitió una declaración que reclama la reglamentación y aplicación de la Ley 27.795, la convocatoria a paritarias y el abono del incremento salarial adeudado.
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«Estamos muy orgullosos que la UNS esté dentro del 10% de las mejores universidades del mundo. Bahía Blanca está orgullosa de su casa de estudios, que ofrece carreras con los más altos estándares de calidad. Es importante que se entienda que esto es imposible de sostener en el contexto actual» Daniel Vega.
¿Cómo afecta esta falta de financiamiento al funcionamiento de la universidad? El rector detalló que «son procesos de degradación del sistema que tienen un fuerte impacto en el bolsillo de quienes trabajan en la universidad. Hoy los sueldos no son suficientes para sostener la contratación de nuevos profesores, por lo que se nos desarma el semillero. Tampoco podemos sostener las tareas de mantenimiento requeridas, y vemos cómo los edificios sufren deterioros sostenidos que sin recursos no hay capacidad de respuesta para atenderlos. El deterioro se nota en el recurso humano y en todos los niveles del sistema educativo».
Por último, Vega afirmó que «está claro es que si la situación presupuestaria no mejora, se elevará el nivel de conflictividad. Espero que se aplique la ley a la brevedad, teniendo en cuenta que la Justicia ya falló favorablemente hacia nosotros. Espero que los políticos sigan apoyando la ley que votaron y que no haya giros mágicos que eviten que tengamos una ley que nos garantice la sostenibilidad. Desde nuestro lugar tenemos la obligación de hacer docencia para mostrarle a la sociedad las consecuencias de estos procesos de degradación que impactan en la calidad de vida de toda la comunidad, al contar con menos profesionales peores formados».
