Continúan las repercusiones por el escándalo de corrupción que tiene como protagonista a Karina Milei, hermana del Presidente además de Secretaria General de la Presidencia. En resumen, audios del ex director de la Agencia Nacional de Discapacidad la acusan de quedarse con un 3% de coima tras direccionar licitaciones del Estado al laboratorio Suizo-Argentino. Una de las obras sociales que aparece apuntada por la compra de medicamentos con sobreprecios es OSPRERA, la obra social de UATRE, intervenida por el Gobierno nacional.
Ariel Piangatelli, secretario general de UATRE Bahía Blanca, denunció que «es una situación que venimos denunciando hace mucho tiempo, desde que la obra social fue intervenida. Desde aquel momento notamos que tenían una intencionalidad clara de quedarse con la caja y hacer negocios entre amigos. Así lo denuncio José Voytenco, nuestro secretario general. A esto se suman todas las dificultades que tenemos como trabajadores gracias a las decisiones políticas perversas que toma el Gobierno nacional en cuanto al sistema de salud, además del embate de los grupos corporativos».
«Es una situación que no nos sorprende entendiendo quiénes son los personajes que manejan la obra social, y lo más triste es que seguimos recibiendo denuncias de compañeros a quienes no se les entregan los medicamentos y las prestaciones» Ariel Piangatelli.
En cuanto al contexto de la situación que atraviesa UATRE, el dirigente recordó que «nosotros ganamos una elección interna, muy difícil, en la que Voytenco le ganó a su opositor Ansaloni, que terminó siendo candidato y diputado nacional por La Libertad Avanza., votando a favor de todos los proyectos que van en contra no solo de la obra social sino de todos los trabajadores. Ahí arrancó la entrega de la obra social, que terminó funcionando como un negocio con los Menem. No solo eso, sino que también quisieron intervenir el gremio para quedarse con la caja. Conociendo a estos personajes, no nos extraña que algo así fuera a pasar».
Finalmente, Piangatelli aseguró que «lo peor de todo esto es que nuestros compañeros están viendo vulnerados sus tratamientos médicos: hemos denunciado ya cinco fallecimientos de afiliados de la obra social por no recibir el tratamiento correspondiente, siendo muchos de ellos imposibles de pagar para alguien normal. Es una tragedia lo que estamos viviendo. Confiamos en que la Justicia va a determinar que la obra social la manejen sus dueños, que son los trabajadores rurales y los afiliados. Están vaciando la obra social, vendieron vehículos y bienes, y le dieron puestos a amigos para hacer negocios millonarios».