El Gobierno nacional profundiza su intervención sobre el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA). Luego de modificar la conformación del consejo directivo, ahora avanza sobre un proceso de revisión de las más de 100.000 hectáreas que el organismo administra. Según indicó el Gobierno en un comunicado, los cambios impulsados responden a que «se desvió durante los últimos años de su propósito original, siendo utilizado como herramienta de militancia política y con un enfoque guiado por los lineamientos de la Agenda 2030 y alejado de las necesidades reales del progreso del sector agroindustrial».
Federico Castoldi, es el director del INTA Bordenave, con jurisdicción en los municipios de Puán, Saavedra, Tornquist, Bahía Blanca, Coronel Rosales, Monte Hermoso y Coronel Pringles. En comunicación con Radio Urbana, marcó que «hay un documento de diciembre del 2023, que si bien fue extraoficial e incluso negado, donde figuran cada uno de los campos del INTA, y se menciona la posibilidad de la venta. A eso se suma el señalamiento de artículos propiedad del organismo, como celulares o autos, muchos de los cuales datan de la década del ’80. Incluso si se venden estos vehículos, el INTA no recibiría fondos algunos. De hecho el Ejecutivo sacó un decreto vendiendo uno de los edificios del organismo en la Ciudad de Buenos Aires. El mismo iba a poder utilizarse para laboratorios del INTA, pero finalmente se decidió que el 100% de los fondos recibidos iban a ir para la Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABE)».
«Somos parte de un sistema científico argentino que está siendo bastardeado por las autoridades. Hace varios años estamos sufriendo una migración y una desvalorización de nuestros científicos, y esto viene a dar la estocada final. Vemos con muchísima preocupación nuestra Argentina hacia adelante» Federico Castoldi.
El directivo se refirió también a las modificaciones planteadas para la estructura jerárquica del organismo, el cual deja de funcionar bajo un directorio colegiado, y pasa a ser presidido por una persona apuntada por el poder Ejecutivo: «En el artículo 6 de la Ley Bases se mencionaba específicamente que el INTA era un organismo que no podía ser intervenido, pero finalmente por decreto dejamos incluso de tener personería jurídica. Hoy no tenemos más CUIL, está todo paralizado y se nos avisó que no podemos ni comprar gasoil. Todavía existe la posibilidad de que el decreto no sea corroborado por el Congreso de la Nación, por lo que no están del todo confirmadas estas medidas tendientes a la reestructuración, y a la posibilidad de hacer cambios de manera arbitraria».
Por último, Castoldi se refirió a la serie de expresiones de distintos actores sobre los avances del Gobierno nacional frente al INTA. Marcó que «la Mesa de Enlace ha sacado un comunicado, así como también distintas instituciones vinculadas con el ámbito político y económico del campo como la Sociedad Rural, la Federación Agraria, INAGRO, etc. Son expresiones de distinta intensidad, pero que han salido a marcar esta disidencia para con las medidas del Gobierno nacional. El INTA es la única y última política pública destinada al desarrollo del sistema agropecuario argentino, no recuerdo otra. Y es doblemente importante en un país como este, donde sabemos que el sistema agropecuario es el primer motor cuando estamos en crisis, moviendo la economía de la Argentina. Nos merecemos tener políticas públicas a mediano y largo plazo que favorezcan el desarrollo».