Una nueva medida de liberalización económica generó un amplio repudio en diversos sectores industriales de nuestro país: se trata de la decisión de eliminar la obligatoriedad de tramitar el Certificado de Importación de Bienes Usados (CIBU). Según marcó la Unión Industrial bonaerense, esto se trata de una «herramienta que cumple un rol estratégico para el desarrollo industrial argentino», y que la medida «atenta contra la balanza comercial».
José Tamborenea, presidente de CADIEEL (Cámara Argentina de Industrias Electrónicas Electromecánicas y Luminotécnicas), explicó que «no coincidimos en nada con esta norma de importación de bienes usados, que entendemos como una solicitud hecha por los Estados Unidos. Si uno le busca un criterio de reciprocidad ellos deberían actuar de igual forma, y jamás aceptarían una medida similar en ese sentido, lo que define la asimetría que hay cuando uno negocia estas cosas en la endeblez y debilidad que tiene el país. La decisión no es aceptable porque cualquier equipo local debe cumplir con una serie de reglamentos técnicos, mil ensayos, homologaciones, etc. Traer productos usados a un país como el nuestro va a terminar en una extensa fuga de fondos dolarizados. No es la política que debería llevar adelante un país como el nuestro, no es aceptable».
Desde las organizaciones empresariales de la Provincia de Buenos Aires manifestamos nuestra profunda preocupación frente a la reciente decisión del Gobierno Nacional de eliminar la obligatoriedad de tramitar el Certificado de Importación de Bienes Usados (CIBU) pic.twitter.com/i4bhI20MdN
— UIPBA (@UIPBA) April 16, 2025
En ese sentido, el industrial agregó que «más allá del carácter político, no entiendo la lógica detrás de esta medida. Lo que se busca es romper la estructura metalúrgica del país, destruyendo los salarios en blanco de la Argentina. Se están metiendo con el entramado de la clase media, la movilidad social ascendente, quien estudia o paga la educación a los hijos. Cuando rompés el entramado productivo, rompés la posibilidad de acceder a un salario en blanco».
¿Cuál es el impacto que podría tener esto en el entramado productivo y laboral de nuestro país? «Esto es gravoso, no le encuentro sentido ni lógica y no lo puedo comprender. Es difícil de estimar, pero es monstruoso lo que quieren hacer. Estamos hablando de un mínimo de 500.000 empleos en total, si bien hacer la cuenta en el aire es difícil. No tenemos dudas que generará un impacto es enorme y profundo. Los bienes de capital son la primer capitalización del valor agregado en cualquier país; la maquina se diseña, desarrolla y se pone en valor toda una cadena productiva. Es muy difícil estimar el valor de la pérdida de esta riqueza».