En las últimas horas, el Centro de Estudio para la Pesca Latinoamericana (CESPEL) lanzó un fuerte comunicado señalando que el Gobierno nacional está llevando adelante una política de desindustrialización y un proyecto aperturista. En ese sentido agregan que «frente a ello, el sector empresario pesquero continúa con una política gremial atomizada, dubitativa y, vetusta que aplica un modelo extractivo y exportador de escaso valor, muy lejos del resto de las exportaciones de recursos naturales».
César Lerena, presidente del CESPEL, detalló que «durante el debate por la Ley Bases, el Gobierno ya había hecho un planteo que había sido rechazado, pero que hoy aparece de otra manera: buscan la extranjerización del mar a través del pago de un canon. El proyecto original estipulaba la apertura del mar a buques extranjeros para que pesquen acá; un proyecto que atrasaba, porque solo cuatro países del mundo sin desarrollo pesquero lo hacen. El resto lo cuida su desarrollo industrial y pesquero».
A su vez, puntualizó en que «al día de la fecha, el Gobierno nacional todavía no otorgó las cuotas de la merluza, que vencen el último día del año. Para poner en contexto, la merluza común es una de las tres especies más importantes de la Argentina. Esto demuestra una total irresponsabilidad del Gobierno, ya que las empresas deben tener previsibilidad a la hora de comerciar e invertir. Esto demuestra la incapacidad de los funcionarios para comprender cómo funciona la actividad».
Por último, Lerena recordó que «el recurso pesquero es concesionado por el Estado a las empresas. Lo que debiera hacer el Estado, antes de determinar el valor, es establecer sus costos, porque hoy tiene una administración absolutamente ineficiente y cara, muy por encima de cualquier porcentual que se determine. Además, la investigación carece del presupuesto necesario para su trabajo, y el control tiene un problema de costos para controlar un mar que es amplísimo. Además, debe contemplar lo que recauda en esta materia, porque este recurso paga retenciones».