El ministro Juan José Aranguren cerró ayer la audiencia pública por las tarifas de gas prometiendo que se va a considerar todo lo escuchado. Se refirió a revisar la regionalización de los niveles de consumo atendiendo a cuestiones climáticas, a reformular lo que pagan las pymes y el GNC, y a nuevos criterios para acceder a la tarifa social. Pero mantuvo la posición de «recuperar los costos de importación» y en ese sentido dio por hecho la dolarización del precio de gas de aquí en adelante.
La audiencia, que duró desde el viernes a la mañana hasta el domingo al mediodía, trascurrió con prolijidad si se exceptúa algún incidente aislado. Pero no concitó el apoyo explícito de gobernadores y representantes de la oposición que hubiera podido esperarse después de los anuncios oficiales de que se llegaría a un acuerdo político para legitimar las subas.
«Todo lo que se ha escuchado se va a considerar», dijo Aranguren al cierre en una rueda de prensa. Sostuvo que se revisarán las diferencias en los umbrales de consumo de las distintas regiones del país, luego de que los representantes de entidades de Mendoza y Mar del Plata enfatizaron que en sus jurisdicciones tienen temperaturas tan frías como las del norte de La Pampa, y la secretaria de Defensa del Consumidor de Salta reclamó porque en su provincia, con un consumo de 1.400 metros cúbicos anuales, ya se pasa a la categoría R34 con las tarifas más altas. (En Capital Federal son 1.800 metros cúbicos para ser R34).
Aranguren también anticipó que los cambios no sólo alcanzarán a los hogares. «Tenemos que mantener coherencia y homogeneidad entre lo que paga el residencial, una pyme y el GNC», dijo, aunque también sostuvo que entretanto las facturas que reciben industrias y comercios con el tope del 500% deben pagarse.
Se refirió también a los usuarios que están «amparados» por fallos judiciales con relación a los aumentos aplicados en 2014 por el Gobierno anterior, y prometió «evitar que haya saltos bruscos en los casos particulares», resguardo que no se había tomado al disponer el ajuste del 1 de abril.
Pero mostró que el Gobierno no va a ceder en lo atinente al precio del gas en boca de pozo. «Hablamos de precios y no de costos», indicó y sostuvo que durante la audiencia «en forma equivocada» se consideró un documento de la Fundación Bariloche que sostiene que en el informe ante la SEC de EE.UU., YPF sostuvo que el costo del millón de btu es de alrededor de u$s2. Para el ministro hay que considerar «costos, amortización y ganancia genuina», que para llegar a producir hay que explorar y que se requieren erogaciones más altas en los yacimientos no convencionales y en los más maduros.
«La Corte no habló de costos, sino de precios», afirmó Aranguren tratando de encontrar un paraguas sobre el aspecto más controvertido de la propuesta oficial: el sendero ascendente que termina en u$s6,78 por millón de btu en 2019 toma como referencia el valor actual del GNL importado y el costo que según YPF tiene producir «shale» gas, pero no tiene en cuenta que el 80% de la producción local todavía proviene de pozos tradicionales.
Consultado sobre si habrá exigencias de inversión, Aranguren esquivó la repuesta refiriéndose a transportistas y distribuidoras que son empresas reguladas y por lo tanto sometidas a control público. La situación es distinta con las petroleras: el precio que se les está garantizando no exige compromisos de inversión ni aumento de la producción. En el Plan Gas del anterior Gobierno se les pagaba u$s7,50 por la producción incremental, pero ahora ni siquiera se considera ese requisito.
Pero el punto más vulnerable de la estrategia oficial, como lo hicieron ver varios participantes, incluido el titular de CEPIS, la ONG que logró el fallo de la Cámara Federal de La Plata que obligó a la Corte a intervenir, es la dolarización del precio el gas. Hubo numerosas referencias a que ese tipo de indexación está prohibida por ley y a que no sólo va a subir el valor del metro cúbico cada semestre por el sendero fijado, sino también por la variación en el tipo de cambio.
El Gobierno se apresta dar a conocer los nuevos cuadros tarifarios en los primeros días de octubre probablemente para que entren en vigencia desde ese mismo mes. Tiene a favor que empieza el período en que se usa menos el gas y que los consumidores van a recibir facturas relativamente bajas en comparación con las que recibieron en mayo y junio pasados y las que van a recibir el invierno próximo.
Fuente: ambito.com