La defensa de la expresidente Cristina de Kirchner analiza interponer un recurso en tribunales internacionales a raíz de lo que denunció como una «persecución judicial» por parte del Poder Judicial que adoptó, en los últimos días, medidas como la inhibición general de sus bienes, un congelamiento de sus cuentas bancarias, y el embargo del contenido de las cajas de seguridad de su hija Florencia Kirchner. Debido a la inmovilización de sus activos bancarizados que ordenó el juez Claudio Bonadio en el marco de la causa dólar a futuro -donde la exmandataria está procesada-, se encuentra imposibilitada de cobrar su pensión como exjefa de Estado, lo mismo que la pensión que percibe por el fallecimiento de Néstor Kirchner.
En tanto, la diputada Margarita Stolbizer, en la causa civil por daños y perjuicios y daño moral que le inició Cristina de Kirchner, pidió a la Justicia postergar o adelantar la fecha de la audiencia de mediación que había sido fijada para el 10 del mes próximo. Adujo -a través de su abogada y asesora, Silvina Martínez- que tiene que viajar al exterior para ver a su hijo, Nicolás Laprovittola, que integra la selección nacional de básquet que participará de los Juegos Olímpicos de Río 2016. La legisladora, querellada civilmente por la exmandataria a raíz de la denuncia de movimientos sospechosos de dinero no declarado pidió que se adelante la audiencia para el 8 de agosto, o se postergue para luego del 18.
«Es mi intención no dilatar el tratamiento de la cuestión y facilitar la mediación a la cual he sido citada», resumió Stolbizer, en el escrito del petitorio. Cristina rechazará el argumento y pedirá que se sostenga la audiencia en la fecha estipulada, donde podrían estar cara a cara a las 11 de la mañana, en un estudio de la calle Viamonte 1355, con la intervención de la mediadora María Etelvina Notari. De mantenerse este escenario, el enfrentamiento cara a cara de ambas podría frustrarse.
Sin pensiones
A la batería de medidas en su contra, Cristina agregó ayer la imposibilidad de cobrar los haberes que venía retirando de una cuenta del Banco Nación de Santa Cruz, donde también le depositan la pensión. Desde su entorno, indicaron que se trata de fondos que no pueden ser embargables, porque son equivalentes a un sueldo y sería algo que evidenciaría la «persecución judicial» que la expresidente viene denunciando. La medida será apelada por el abogado Carlos Beraldi y solicitarán la apertura de la feria judicial, para que el tema sea tratado durante el receso por el status «alimentario» del salario que tiene en la legislación local. La posibilidad de recurrir a tribunales internacionales está apoyada en la presunta denegatoria de justicia y arbitrariedades en las medidas judiciales, que a criterio de la defensa, sucedieron en torno a las causas en las que la exmandataria está implicada. Desde 2011, la expresidente cobra una pensión mensual de $143.539,58 como viuda de Kirchner mientras que desde enero se le otorgaron $188.538,95 correspondientes a su propia pensión.
Luego de haber sido procesada en la causa por la venta de dólares a futuro, se le dictó un embargo por $15 millones.
Cuando debió comparecer ante Bonadio para notificarse del trámite de su procesamiento, Cristina rechazó someterse al embargo, lo que disparó la decisión del juez de dictarle una inhibición general de bienes (lo que impide transferir y desprenderse de sus activos), pero a continuación, el magistrado dictó el congelamiento de sus cuentas bancarias, lo que fue comunicado a los bancos Nación de Santa Cruz, Patagonia y Galicia, y se le ordenó lo mismo al Banco Central de la República Argentina para que haga cumplir lo decidido en todo el sistema financiero del país.
El juez Julián Ercolini -en el marco de la causa Hotesur- ordenó embargar los u$s4,6 millones depositados en las cajas de seguridad de su hija.
Fuente: ambito.com